Los diputados de EH Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, durante un pleno en el Congreso de los Diputados
Bildu reclama que los aspirantes a jueces puedan examinarse en euskera ante el Supremo
En las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial, Bildu propone que las pruebas de ingreso a la Carrera Judicial puedan realizarse “en cualquiera de dichas lenguas”
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Euskal Herria Bildu quiere que los futuros jueces y juezas que vayan a ejercer su labor en el País Vasco puedan examinarse, ante el Tribunal Supremo, en euskera. Que sus prácticas tuteladas también se puedan realizar en la lengua de Sabino Arana. Y que los temarios de los opositores al Poder Judicial se traduzcan igualmente a la lengua cooficial. El grupo que lidera Mertxe Aizpurua en Madrid acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una batería de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar que el euskera llega a la carrera judicial.
Los pinganillos de traducción han llegado al Congreso, a la Conferencia de Presidentes y podrían estar cerca de hacerse también su hueco en la sede del Tribunal Supremo, donde se examinan cada año los cientos de candidatos a juez.
Las oposiciones a juez son uno de los procesos más difíciles y complejos de cuantos exámenes públicos se hacen en España, con miles de aspirantes repitiendo año tras año su ardua preparación. La prueba podría experimentar importantes modificaciones, a tenor de las demandas que diferentes grupos, entre ellos Bildu, han registrado en la tramitación parlamentaria.
En las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial, Bildu propone que las pruebas de ingreso a la Carrera Judicial puedan realizarse “en cualquiera de dichas lenguas”. Si los miembros del Tribunal no poseen conocimientos suficientes de la lengua elegida por los aspirantes, “se garantizará la utilización de mecanismos adecuados de traducción simultánea”. Para ello, el tribunal evaluador, formado por jueces elegidos por el CGPJ, “tendrá que disponer de medios para poder examinar en la lengua oficial que desee utilizar el o la aspirante”, añaden.
En la misma línea, el grupo abertzale reclama que “el temario de la oposición libre respecto del que deban examinarse los aspirantes deberá elaborarse en todas las lenguas oficiales”. Y que tanto el examen tipo test eliminatorio como el resto de pruebas prácticas de la oposición -el cante ante los miembros del Tribunal examinador-, se puedan realizar en cualquier lengua oficial. “El examinado o examinada decidirá en qué lengua las desea realizar”.
Si las enmiendas de Bildu salen adelante con el apoyo de otros socios del Ejecutivo, la cooficialidad lingüística también se aplicará a las prácticas tuteladas de los nuevos miembros del Poder Judicial. “Se garantizará que se puedan realizar en cualquier lengua oficial, si el o la aspirante así lo requiere y en los casos en los que las prácticas tuteladas se realicen en comunidades autónomas donde exista más de una lengua oficial”.
Y todo ello, acompañado de planes formativos que potencien el uso del euskera, catalán, valenciano y gallego en las sedes judiciales. “En las Comunidades Autónomas donde exista más de una lengua oficial, se acordará mediante convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno Autonómico un plan específico para garantizar el aprendizaje de la lengua. Este requisito se integrará en el Plan de Formación Continuada de la Carrera Judicial”.
Bildu quiere también que el Centro de Estudios Jurídicos promueva y desarrolle “actividades formativas en las distintas lenguas oficiales reconocidas por la Constitución Española y por los Estatutos de Autonomía, con el objetivo de garantizar una adecuada capacitación lingüística del personal al servicio de la Administración de Justicia en aquellos territorios donde existan lenguas oficiales propias distintas al castellano”.
“El Centro podrá organizar cursos específicos, en colaboración con las instituciones autonómicas competentes en materia lingüística, para fomentar el conocimiento y el uso de las lenguas oficiales propias por parte del personal judicial, del Ministerio Fiscal y del resto del personal que presta servicios en la Administración de Justicia.Para facilitar el acceso a esta formación y adaptar los programas a las necesidades específicas de cada territorio, el Centro podrá establecer unidades formativas descentralizadas en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, en colaboración con las administraciones autonómicas y conforme al principio de cooperación institucional”.
Por último, Bildu ha registrado otra enmienda al Proyecto de Ley de Félix Bolaños para incluir como mérito a favor del aspirante a juez el conocimiento del “derecho propio” en aquellas Comunidades Autónomas que lo tengan.
