El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, y de la secretaria del PP Vasco, Esther Martín EFE
El Tribunal de Cuentas afea al PP querer subvencionar gastos de las elecciones vascas con las europeas
La memoria observa discrepancias entre el PP y el Tribunal de Cuentas por los gastos “en concepto de grabación y transmisión por satélite”
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El Tribunal de Cuentas, la institución en la que el Partido Popular se ha apoyado en los últimos meses para lidiar su particular batalla contra el PNV (palacete de París) y EH Bildu (quiere retirarle la financiación por incluir a expresos de ETA en sus listas) acaba de afear a los de Núñez Feijóo su contabilidad electoral de las últimas elecciones europeas. Unos comicios en los que, según concluye este órgano fiscalizador, el PP quiso colar como gastos de campaña partidas económicas que correspondían a la campaña de las elecciones vascas de 2024.
Así lo recoge el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas que ganó el Partido Popular con 22 escaños y el 34,2% de los votos. En esos comicios, la formación declaró el uso de recursos económicos por valor de 11,8 millones de euros. Pero no todas las partidas han recibido el visto bueno del Tribunal. Sobre todo, aquellas que nada tienen que ver con esa cita electoral y que retrotraen a otras dos elecciones celebradas en 2024: las vascas y las catalanas.
La memoria observa discrepancias entre el PP y el Tribunal de Cuentas por los gastos “en concepto de grabación y transmisión por satélite”, las señales de televisión ya realizadas que el partido distribuye entre los informativos de televisión. “La formación política afirma que corresponden a gastos de realización y retransmisión de los distintos actos electorales celebrados en el periodo electoral, considerando que, en su opinión, el Tribunal decide arbitrariamente que en unos gastos se ha acreditado su vinculación con las elecciones europeas y en otros no, ya que se trata en todos los casos de la realización y transmisión de actos electorales para promocionar la candidatura del partido, con asistencia de candidatos y otro personal directivo de la formación política, con un desglose de días y localidades en las que se han realizado los actos, por importe de 87.522,93 euros”.
El Tribunal de Cuentas defiende que, a este respecto, que los actos electorales admitidos por la normativa aplicable son los celebrados durante la campaña electoral de las elecciones europeas. Los celebrados entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2024, y aquellos que, con fecha anterior a la campaña y posterior a la fecha de la convocatoria (16 de abril), son actos de presentación de candidatos o del programa electoral.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye con su negativa a “considerar gastos subvencionables los gastos de grabación correspondientes a las elecciones autonómicas del País Vasco, cuya campaña fue del 5 al 19 de abril del año pasado; o de las elecciones catalanas, cuya campaña fue desde el 26 de abril al 10 de mayo. “No se acredita, con la documentación presentada, que correspondan a actos relativos a las elecciones al Parlamento Europeo”, añade el organismo.
El Tribunal de Cuentas considera justificados 38 millones de euros en gastos electorales declarados por los partidos políticos en las elecciones europeas de 2024. De las nueve candidaturas con representación parlamentaria en Bruselas y Estrasburgo, ocho han presentado su contabilidad electoral dentro del plazo legal a través de la Sede Electrónica del Tribunal. Y solo una, la agrupación de electores “Se Acabó la Fiesta”, encabezada por Alvise Pérez, no ha presentado la contabilidad electoral, por lo que no tiene derecho a percibir subvenciones electorales para financiar su campaña.
Los partidos políticos han declarado ingresos para financiar la campaña por un total de 38 millones de euros, de los cuales el 62% procede de endeudamiento bancario, el 22% de aportaciones propias de las formaciones y el 16% de anticipos sobre subvenciones otorgados por el Ministerio del Interior. El Tribunal ha considerado justificados gastos por ese mismo importe, en su mayor parte vinculados a operaciones ordinarias de campaña y al envío de propaganda electoral (mailing), que ha superado los 134 millones de envíos postales.
