El expresidente del Gobierno Felipe González durante la charla. EFE/Borja Sánchez-Trillo
De Jon Idígoras a Arnaldo Otegi: una historia de enfrentamientos entre la izquierda abertzale y Felipe González
El expresidente del Gobierno volvía esta semana a remover las revueltas aguas del partido de Pedro Sánchez augurando algo que a pocos puede sorprender
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Para Patxi López, exlehendakari y portavoz del PSOE, hace mucho tiempo que Felipe González, otrora todopoderoso en el PSOE, dejó de ser una “referencia” para los militantes del puño y la rosa. El expresidente del Gobierno volvía esta semana a remover las revueltas aguas del partido de Pedro Sánchez augurando algo que a pocos puede sorprender. Que en las próximas elecciones no votará a su partido si Pedro Sánchez sigue figurando en la papeleta electoral.
Y añadía otra andanada política contra su bancada al asegurar que es peor pactar con la izquierda abertzale de Bildu que con la extrema derecha que encarna Vox. Un ataque a toda la línea de flotación que sostiene al gobierno de coalición progresista en que Arnaldo Otegui y Mertxe Aizpurua ejercen una importante labor de sostén y colaboración al frente del llamado timón del Estado.
La relación entre el histórico expresidente González y las diversas expresiones de la izquierda abertzale —desde Herri Batasuna (HB) hasta la actual EH Bildu— ha estado marcada por décadas de confrontación política, acusaciones duras de terrorismo de Estado y un choque profundo de visiones sobre la autonomía de Euskadi, la violencia terrorista de ETA y la memoria histórica.
Quince años después del final de la lucha armada de ETA, González, padrino político de Alfredo Pérez Rubalcaba, no está todavía en la tesis del “o se está con los votos o se está con las bombas”, que sirvió al exministro del Interior para impulsar el final de ETA y que ayudó a la izquierda abertzale a alejarse de la violencia política.
Jon Idígoras y las injurias a González
Uno de los momentos más significativos de esta continua confrontación se produjo en agosto de 1986, cuando el diputado de Herri Batasuna Jon Idígoras pronunció en público críticas extremadamente duras contra Felipe González. En concreto, calificó al entonces presidente del Gobierno como “el presidente más corrupto de la historia de España”, lo que derivó en un procedimiento judicial por presuntas injurias al jefe del Ejecutivo. Ocurrió así, por más que hoy ese tipo de apelaciones gruesas sean el pan de todos los días del hemiciclo del Congreso.
Entonces, en abril de 1992, el Pleno del Congreso de los Diputados autorizó el suplicatorio para que Idígoras pudiera ser juzgado en el Tribunal Supremo. Como las declaraciones se hicieron antes de que Idígoras adquiriera oficialmente la condición de diputado (debido a retrasos en el acto de acatamiento de la Constitución), el Supremo consideró que podía ser juzgado por ello.
Este choque no fue aislado: en aquellas décadas, dirigentes abertzales cuestionaron sistemáticamente la legitimidad del Gobierno socialista de González en el País Vasco, denunciando lo que consideraban políticas represivas, y el Ejecutivo socialista respondió vinculando a HB con el entorno político de ETA en términos políticos de suma dureza.
Los GAL: el gran punto de ruptura
Los atentados perpetrados por el Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron probablemente el conflicto moral y político más profundo entre aquel viejo PSOE de González y la izquierda abertzale de los años de plomo y tiros en la nunca a concejales, jueces y miembros de las Fuerzas Armadas.
Los GAL fueron una estructura parapolicial que actuó en los años ochenta, con responsabilidades de altos cargos policiales y políticos (los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera) que acabaron siendo condenados. Con un Felipe González que, en aquellos años, se personó en las puertas de la cárcel de Guadalajara para apoyar pública y políticamente a los dos condenados por los GAL.
Aunque la justicia no estableció responsabilidad directa de Felipe González, para HB y muchos sectores de la izquierda abertzale el caso simbolizó un ejemplo de terrorismo de Estado amparado desde el Ejecutivo. HB se aferró a esa narrativa durante años como parte fundamental de su crítica radical a González y su política antiterrorista.
En aquellos años se produjo otra imagen que pasó a la historia. El 24 de marzo de 1995, el diputado de Herri Batasuna Mikel Zubimendi, miembro de la organización juvenil Jarrai y parlamentario por HB, arrojó una bolsa con cal viva sobre el escaño vacío de Ramón Jáuregui, entonces secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y consejero de Justicia del Gobierno vasco.
Zubimendi vinculó ese gesto a su protesta por la muerte de los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asesinados en los años ochenta y cuyos cadáveres aparecieron enterrados con cal viva, un caso que la izquierda abertzale atribuyó a actividades de los GAL.
Otegi y el legado de los GAL
Con la transición de la izquierda abertzale a nuevas formaciones como EH Bildu a partir de la década de 2010, el tono y el contexto de las críticas hacia figuras del PSOE han evolucionado, aunque no han desaparecido.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reclamado en distintas ocasiones que Felipe González reconozca su supuesta responsabilidad política en los GAL. “No para iniciar un proceso penal sino como parte de un ejercicio de asunción de responsabilidades históricas. “A mí me gustaría que Felipe González reconociera que montó los GAL, pero no para decirle ‘ahora te voy a poner una querella’, sino para que cada uno asuma lo que ha hecho”, dijo.
Ley de Memoria
En 2022, Bildu logró que la ley de Memoria Democrática ampliase el periodo de vigencia temporal más allá de 1978 hasta finales de 1983, iniciado ya el Gobierno socialista de Felipe González, con el argumento de que las consecuencias de la dictadura franquista continuaron tras la aprobación de la Constitución y que la normativa debía reflejar ese hecho.
Gracias a las enmiendas pactadas con Bildu, la ley incorpora el reconocimiento de personas que sufrieron torturas policiales en el marco de la lucha contra ETA y otras vulneraciones de derechos humanos hasta 1983. El apoyo de EH Bildu fue clave para que la Ley de Memoria Democrática tuviera los votos suficientes para seguir aprobación en el Congreso.