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El TSJPV anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración vasca
El tribunal considera que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial"
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del uso del euskera para el sector público vasco, que fue recurrido por Vox, debido que la memoria económica que lo acompaña adolece de "insuficiencia sustancial".
La sentencia anula el decreto por este motivo, mientras que desestima los argumentos que planteó Vox en marzo de 2025, donde aseguraba que dicha norma era "discriminatoria" para los castellanoparlantes.
Según recoge EFE, el fallo sostiene que la estructura y contenido de este motivo de fondo "es tan genérica, tan difusa e imprecisa que no puede ser acogido" y argumenta que Vox, en su recurso, "presenta los preceptos constitucionales vulnerados pero no especifica qué artículos del decreto los lesionan".
El TSJPV elevó una cuestión de inconstitucionalidad relativa a este asunto, que fue inadmitida por el Tribunal Constitucional el pasado mes de julio.
Recurso de Vox
En marzo de 2025, la formación de Santiago Abascal formalizó el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV por considerar que se "discriminaba" al castellano en las relaciones internas en las administraciones públicas vascas.
"Este decreto impone el absoluto orillamiento del castellano tanto en el funcionamiento interno de la administración como en la relación externa de la misma", que "establece como requisito de acceso y mantenimiento en el puesto de trabajo de función pública unas condiciones de conocimiento de la lengua con plazos de preceptividad inasumibles", señalaba entonces la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.
En este sentido, los de Abascal afirmaban que esto también afecta a las empresas ajenas al sector público "al imponer requisitos lingüísticos en la contratación de servicios, lo que atenta contra la libre concurrencia de empresas en los contratos con la administración del País Vasco".
"Todo ello prueba que este Decreto atenta contra los dispuesto en la Constitución, norma que reconoce el castellano como la lengua oficial del Estado, que reivindica la igualdad de los españoles ante la ley, rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y, también, lengua", explicaba Martínez.
Además, de poner el acento en la "insuficiente valoración de impacto económico", Vox solicitaba la nulidad de una quincena de artículos por solo reconocer el euskera "como lengua propia del País Vasco".
"Prioriza a una lengua sobre otra en las relaciones entre funcionarios, entiende sus requisitos lingüísticos fuera de la propia administración, a contratas y subcontratas, impone la lengua vasca como la primera opción de relación con la ciudadanía y niega al ciudadano su derecho a ser él el que decida qué idioma prefiere utilizar", aseguraba.
