Reserva de URdaibai / Reserva de la Biosfera de Urdaibai
La Audiencia Nacional avala la rebaja de la protección ambiental para el frustrado Guggenheim en Urdaibai
Esta sentencia, que impone las costas del pleito a la plataforma ciudadana, augura el rechazo de las otras dos denuncias pendientes sobre este caso por parte de Zain Dezagun Urdaibai y Greenpeace
El Superior estudia ya confirmar definitivamente el derribo del casoplón de 11 baños
La Audiencia Nacional ha avalado la reducción de la protección medioambiental que se impuso en 2023 para facilitar el frustrado museo Guggenheim en Urdaibai. El alto tribunal argumenta que la rebaja de la protección de la costa, de 100 a 20 metros, en el área industrial donde se quería construir el museo ya estaba contemplada en la ley de Costas desde 1988. La sentencia, en cualquier caso, no tiene efecto práctico después de que hace casi un año las instituciones vascas anunciaran la paralización del polémico proyecto.
La rebaja de la protección de litoral en la zona del municipio vizcaíno de Murueta donde se quería construir el Guggenheim fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno central y el PNV, que ha apoyado en las dos últimas legislaturas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una de las contrapartidas para los peneuvistas fue facilitar el museo en Urdaibai. Por ello, consiguió que a finales de 2023 la Dirección de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, aceptase una petición de la Diputación de Bizkaia de rebajar la protección a los 20 metros en la zona industrial ocupada por la empresa Astilleros Murueta.
La medida motivó la presentación de denuncias en los juzgados por los grupos opositores al museo. En concretó se formularon tres demandas por parte de Zain Dezagun Urdaibai, la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop y Greenpeace.
Casi dos años después, ya hay una primera sentencia. En un fallo dictado el pasado 29 de junio por la sección 1 de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, se rechaza la demanda de Guggenheim Urdaibai Stop. El tribunal alude a que la ley de Costas de 1988 posibilita rebajar la protección del litoral en suelos urbanos, como es el caso.
Añade que, cuando se efectuó el deslinde en 2004 en esa zona de Murueta, “no se introduce la cuestión sobre la anchura de la servidumbre de protección”. Es decir, las instituciones podrían haber reclamado ya en 2004 que la protección fuera de 20 metros, pero no lo hicieron hasta que promovieron el Guggenheim en Urdaibai. “La facultad del artículo 23.2 Ley de Costas no fue considerada en la aprobación del deslinde del 2004. Debió ser recurrido por este motivo caso de considerarse pertinente”, explica, en un tirón de orejas a los grupos opositores, la Audiencia Nacional.
Esta sentencia, que impone las costas del pleito a la plataforma ciudadana, augura el rechazo de las otras dos denuncias pendientes sobre este caso por parte de Zain Dezagun Urdaibai y Greenpeace.
La posibilidad de reveses judiciales ha sido uno los argumentos que esgrimieron el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia (los promotores del museo en Urdaibai) para paralizar el proyecto, junto a otras trabas administrativas y el clamor social. Pero, como publicó este blog, el cambio en 2025 en la dirección del PNV (la salida de Andoni Ortuzar y su reemplazo por Aitor Esteban) y el frenazo al “pelotazo” urbanístico de los Astilleros Murueta han sido determinantes para el giro drástico de los peneuvistas.
El actual presidente del PNV quiso desmarcarse rápidamente del museo en Urdaibai. Entre otras razones, para enterrar también el “pelotazo” urbanístico de Astilleros de Murueta, la empresa ubicada en el corazón de la reserva de la biosfera.
La construcción del museo llevaba aparejada la salida de los astilleros, pero con unas condiciones inmejorables para esta empresa, que llegó ahí 1943 con una concesión otorgada por la dictadura franquista, ya que eran terrenos públicos. Ese permiso obligaba a dejar libres los terrenos en caso de cese de la actividad industrial. Con el Guggenheim, a Astilleros de Murueta se le eximía de asumir el derribo de las instalaciones y, lo más importante y costoso, la descontaminación de los suelos, como exige la ley vasca de 2015. Además, la empresa iba a recibir dinero por la venta de los terrenos que ha ido adquiriendo (ahora tiene seis hectáreas, frente a la media hectárea con la que empezó hace más de 80 años). Un “pelotazo” de varias decenas de millones de euros.
