Ertzainas víctimas de ETA piden incluir a exiliados y amenazados en la Ley vasca de Víctimas

El ertzaina miembro de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), Teo Santos, ha reclamado que la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo "establezca un artículo para los exiliados y amenazados", ya que actualmente "no están contemplados" por la legislación autonómica.

Santos ha pedido aprovechar la futura "modificación de la Ley" para reconocer a las personas "transterradas" del País Vasco que tuvieron que abandonar Euskadi por las amenazas de la banda terrorista ETA y la presión social que la acompañaba durante el XIX Seminario Fernando Buesa que bajo el lema, `Transterrados. Dejar Euskadi por el terrorismo´, se celebra entre hoy lunes y mañana martes en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria.

Junto a Santos, han compartido mesa redonda el miembro fundador de Alianza Popular de Bizkaia, Antonio Merino, el magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez y la politóloga y socióloga del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, Izaskun Sáez de la Fuente, en un debate moderado por el director editorial de `Crónica Vasca´, Lucas Irigoyen, bajo el título `Expulsar a colectivos indeseados´.

La ponencia ha versado sobre "el traslado forzoso" de varios colectivos como empresarios, jueces y políticos que tuvieron que abandonar el País Vasco ante la presión y amenazas del terrorismo de ETA, quienes han trasladado sus duras experiencias de vida con el objetivo de proporcionar "luz al respecto" y visibilizarlas y reivindicarlas ante la sociedad.

Santos ha estimado que "entre 8.000 y 10.000" ertzainas tuvieron que abandonar su localidad de residencia en pro de su propia seguridad y la de sus familiares y ha pedido que el Gobierno Vasco realice un estudio para conocer "las repercusiones en la salud mental" del denominado "síndrome del norte", una afectación psíquica padecida por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en el País Vasco y en Navarra debido a la presión psicológica generada por el terrorismo de ETA.

Por su parte, Sáez de la Fuente ha expuesto "el chantaje" al que fueron sometidos "más de 1.000 empresarios" vascos, mediante el llamado impuesto revolucionario de ETA que amedrentaba a los directivos y "buscaba que la persona extorsionada fuera, al mismo tiempo, víctima y cómplice de su mal".

Intimidaciones y persecuciones que también padecieron los jueces que ejercían su profesión en Euskadi bajo la amenaza de ETA. El magistrado Edmundo Rodríguez ha narrado cómo, a raiz del asesinato del juez José María Lidón en 2001, "toda la judicatura empezó a llevar escolta", así como "la difícil labor de reclutar jueces para el País Vasco", puesto que muchos jueces "no quisieron seguir en el País Vasco y otros no quisieron venir".

Por último, Antonio Merino ha señalado que "la sociedad vasca y sus instituciones tienen una deuda pendiente con los que continúan exiliados". "No puede ser que los terroristas excarcelados sean recibidos como héroes en espacios públicos, mientras que los que se tuvieron que marchar por culpa de los terroristas hayan sido olvidados para siempre", ha añadido.

El seminario de la Fundación Fernando Buesa se completa en la jornada de mañana martes con los testimonios y las experiencias de personas del ámbito del periodismo y la educación con la presencia de ponentes como la periodista Aurora Intxausti, el ex rector de la UPV, Manuel Montero, y el catedrático de historia Contemporánea, Txema Portillo, entre otras ponentes.