Las llaves que no se entregan: el obstáculo invisible que enfrentan los inmigrantes para acceder a la vivienda en Euskadi

Su destino inicial era Alemania, pero el idioma le hizo cambiar de rumbo. Zenaida Serrano tiene 43 años, es abogada y emigró de El Salvador a Euskadi el pasado mes de abril por la situación en su país. Solicitante de Protección Internacional y beneficiaria de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aún no tiene vivienda. Como muchos inmigrantes recién llegados, la salvadoreña intenta desde hace meses esquivar los obstáculos del mercado inmobiliario vasco.  

El acceso a una vivienda de alquiler en Euskadi resulta complicado por el elevado precio de los alquileres. Según el portal de venta y alquiler de pisos, Idealista, en su informe Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Euskadi, el metro cuadrado se sitúa en 14,8 euros, por encima de la media española (14,6 euros). Sin embargo, para los inmigrantes, el precio a pagar para conseguir un hogar no es únicamente económico. Además de los infinitos requisitos y el esfuerzo que supone desembolsar grandes cantidades de dinero, deben afrontar un coste adicional e invisible: el racismo. 

Una barrera irrompible

Serrano ha recibido tres negativas por parte de las inmobiliarias y no se rinde pese a su frustración. "No puedo tener casa, no puedo salirme en el espacio en el que estoy, te enfrentas a situaciones duras por la multiculturalidad y por tus costumbres", lamenta. 

El número de personas de origen extranjero residiendo en la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) ha aumentado en 2025. En el territorio vasco viven poco más de 316.000 personas extranjeras en total, lo que representa un 14% del total de la población vasca. Un incremento interanual de 21.040 individuos respecto al año pasado. Lo confirma el Observatorio Vasco de Inmigración basándose en los datos censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la población de origen extranjero residente en la CAE a 1 de enero de 2025. 

El 74,8% proviene de Latinoamérica, y Zenaida Serrano y Nelsandra Mendoza, venezolana de 35 años que emigró a Bilbao hace ya tiempo, son dos ejemplos. A diferencia de la segunda, Zenaida se ha enfrentado a cuestionamientos a la hora de buscar un piso o incluso al acudir a la Policía, ya que, después de explicarle a un agente su marcha del país porque ella corría peligro, este le puso en duda: "No tienen empatía, el policía me dijo: 'pero si tú no eres pandillera, ¿por qué te iban a aplicar el régimen de excepción?".

El racismo lo ha vivido, además, de parte de los agentes inmobiliarios en cuanto ha comentado su origen: "Dices que eres de El Salvador y que tienes el padrón y el RGI aprobado y te dicen que no es garantía, incluso aunque les expliques se lo piensan y hasta el tono con el que te hablan cambia", relata. "Te piden todo, incluso por qué viniste aquí y te empiezan a preguntar cosas que no son en torno a la vivienda", subraya. 

Recibir racismo no es inusual, como confirma el movimiento social Sos Racismo Bizkaia, que recoge en su informe Racismo Inmobiliario en Bizkaia: Discriminación hacia personas Gitanas, Migradas y/o Racializadas en el acceso a la Vivienda en Bizkaia. Este recoge que el acceso a la vivienda digna se encuentra condicionado por un conjunto de factores económicos, sociales, legales y culturales, y que la entrega de llaves no depende únicamente de "criterios económicos". 

Las prácticas discriminatorias por fenotipo, situación administrativa u origen son "frecuentes y normalizadas en el mercado inmobiliario". Las inmobiliarias o los propietarios las expresan mediante rechazos directos, exigencias desproporcionadas, un trato degradante y una "sistemática preferencia por personas blancas y nacionales".

Las personas físicamente "racializadas" actúan como filtro de exclusión que "opera incluso sobre quienes cuentan con documentación regular o estabilidad económica". Prácticas que acaban teniendo un impacto en la salud mental de las personas migrantes. 

Tanto los propietarios como los agentes inmobiliarios, aplican filtros "informales basados en prejuicios racistas y clasistas". Se trata de una discriminación, de hecho, que ocurre en todo el territorio español, ya que la asociación por la defensa de la vivienda, Provivienda, ha documentado que en 2024, hasta el 99% de las inmobiliarias encuestadas en la capital, Madrid, y en Barcelona, "aceptan exigencias discriminatorias por parte de propietarios, tales como 'no alquilar a extranjeros'".

Por su parte, Sos Racismo Bizkaia señala que la Fundación Secretariado Gitano ha conseguido testimonios de personas a quienes se les negó el alquiler tras conocer "su apellido, nacionalidad o apariencia física". Unas prácticas ilegales que persisten por su "carácter informal y la ausencia de mecanismos efectivos de control". 

El miedo a no disponer de un techo es real en todo el país y lo corroborra la antigua vecina del barrio madrileño de Lavapiés, Ana Campos, a quien sus dos amigos inmigrantes le pedían acompañamiento a la hora de visitar pisos: "Me pedían que los acompañase por ser blanca, tenían miedo de que les dijeran que no por ser ellos negros". 

"Cada rechazo es duro porque no puedes encontrar un espacio donde salir y cambiar la situación, te sientes agobiada, es agotador buscar piso", añade Zenaida. "Le pides a todas las personas que conoces que te avisen si se enteran de algo, es revictimizante porque ya tienes una situación complicada que te agobia antes de encontrar piso".

Esperaba más humanidad cuando aterrizó en Euskadi, pero Zenaida ha pasado por situaciones en las que los ciudadanos locales no querían entrar a un local mientras ella realizaba un trámite: "Cuando yo salgo, entran", confirma. "Te das cuenta de que es complicado entender las migraciones, hace falta mucho trabajo en eso y hay que comprender que los seres humanos tenemos derecho a migrar. Los europeos también migraron a nuestros países".

En un recorrido similar, pero con resultado distinto, Mendoza acabó en la capital vizcaína por un primo de su marido. Al principio, pasó por una situación de urgencia y residía en su casa: "Era un espacio muy reducido, porque éramos tres en un solo dormitorio y todo lo que teníamos debía estar allí dentro", revela. 

Actualmente tiene hogar, lo consiguió después de un año de lucha y ocho negativas por sus ingresos, por la antigüedad y por su hija. "Fue muy difícil", relata. "Creía que sería más rápido encontrar vivienda teniendo en consideracion que tenía el dinero suficiente".

"Por no contar con una nómina era casi imposible y yo ahora no estoy trabajando, pero mi esposo sí y nos pedían nóminas a los dos", explica la venezolana. Para que les admitieran, confiesa que les ofreció un aval en varias ocasiones. Sin embargo, continuó sin recibir las llaves. "Les explicaba que no estaba trabajando y que podría conseguir otra nómina o colocar un aval y también nos rechazaban". 

"Me decían que el ingreso para poder alquilar tenía que sobrepasar los 2.500 euros con una persona trabajando, además de pedir mucha antigüedad. Es complicado porque si tienes hijos es casi imposible". Nelsandra y su marido buscaban un piso con dos habitaciones para vivir con el bebé. "Te dicen que no, que solo tiene que ser la pareja sin hijo, es un rechazo absoluto. Si el piso tiene dos dormitorios, ¿por qué no puede ser la pareja y el hijo?", se pregunta. 

A diferencia de la venezolana, Serrano se halla en un espacio para ella y su familia porque todavía no ha tenido la suerte de conseguir un piso que le brinde privacidad. "Parece que quieren que les muestres la cuenta bancaria, hay que dejarle un mes pagado a la inmobiliaria, dos meses para la fianza y un mes por adelantado, ¿cómo haces para reunir eso?", lamenta la salvadoreña. "Implica privarte de todo". 

Hace un repaso de todos los desafíos que tuvo que afrontar cuando llegó al territorio vasco, desde la imposibilidad para trabajar hasta la educación de su hija mayor o los infinitos requisitos a la hora de alquilar. "Te encuentras con un muro, como el padrón, una nómina...y luego te piden como mínimo dos meses de depósito y otro por adelantado, y si lo haces con inmobiliaria tienes que tener cuatro pagos", expresa.

Si se trata de un alquiler de entre 800 o 700 euros, son "cuatro pagos que hay que tener por adelantado, un dineral que trabajando en negro ¿cómo lo consigues?". No puede irse a tomar un café tranquila sin pensar en toda la carga de problemas que tiene que resolver.

Para la salvadoreña, además, la "falta de empatía por parte de las instituciones es evidente", y expone que de quienes le atendieron, muy pocos la mostraron. En cambio, cuando acudió a la organización Zehar Errefuxiatuekin, se sintió escuchada y tenida en cuenta: "Sienten impotencia por no poder resolver muchas situaciones ya que, por estar en un espacio de acogida, desde el ayuntamiento te dicen que no necesitas ir a pedir comida porque ya te dan donde te acogen".

Siente impotencia porque nadie acude a realizar una inspección para ver si hay comida o leche: "Ni siquiera piensan en que nosotros tenemos una dieta distinta y que la tortilla es necesaria para nosotros, ¿cómo le pides a una persona que solvente situaciones administrativas? Yo tengo el carnet de conducir pero, ¿cómo hago para homologarlo? ¿Cómo le pides todo a una persona que ni siquiera sabes que se ha tomado un café por la mañana?". 

Un olvido normalizado

Serrano no puede evitar sentir agobio por el precio de los alquileres en Euskadi, donde el metro cuadrado se sitúa en 14,8 euros (en noviembre de 2025) y el precio del metro cuadrado de la vivienda en propiedad es de 3.376 euros.

Entre tanta dificultad, se le hace imposible conseguir hogar, así que ella y su familia residen en un centro junto con otras personas migrantes. "El salario mínimo en negro llega a 1.200 euros si trabajas a tiempo completo y, si no, consigues 600 u 800 euros al mes. La vivienda es carísima, necesitamos un piso con dos habitaciones porque las chicas necesitan un espacio para ellas y ello no baja de 700 u 800 euros". 

Según Sos Racismo Bizkaia, basándose en los datos de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la distribución del régimen de tenencia de las viviendas en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV) muestra "claras diferencias" según la composición nacional de los hogares. El 82,1% vive en un hogar en propiedad (poco más de 745.000 de 908.795 hogares) y un 11,8% vive de alquiler. 

Las desigualdades son evidentes cuando se desglosan los datos por perfil del hogar. El 86,3% de los vascos residen en hogares en propiedad y un 7,9% en alquiler. En el caso de los extranjeros, el patrón es el opuesto: solo un 11,8% vive en propiedad y el 78% reside en alquiler. El 9,8% restante vive en condiciones no convencionales (cesión gratuita u otras). Lo que hace evidente que los migrantes se ven forzados a depender del mercado del alquiler u otras formas "inestables de tenencia". 

"Esta situación reproduce desigualdades estructurales en el acceso a la vivienda y tiene importantes implicaciones en términos de arraigo, estabilidad y bienestar social. Esta marcada desigualdad revela los obstáculos que enfrentan las
personas migradas a la hora de acceder a una vivienda estable, tanto por barreras económicas como por discriminación en el mercado de la vivienda", añade la organización. 

Por su parte, el Observatorio Vasco de la Vivienda en su Análisis de la colaboración público-privada para la promoción de viviendas nuevas y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, señala que, además, los resultados revelan que aquellos individuos de nacionalidades distintas también tienen menos posibilidades de residir en viviendas públicas, lo que supone "barreras significativas de acceso para los migrantes". 

Iratxe Uriarte, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), explica que existe una problemática "muy grande", ya que hay un "limbo legal lesgilativo a nivel estatal". El Gobierno Vasco, añade, lleva "mucho tiempo recibiendo esas competencias de migración y muchos, para acceder a una vivienda, tienen que ser ciudadanos de Euskadi, pero para serlo deben tener una vivienda". 

Con el empleo sucede lo mismo, recalca. "Para trabajar tienes que tener la residencia, pero para tener la residencia tienes que trabajar. De esto, la responsabilidad la tiene el Gobierno de España y se debe dar una respuesta, porque los datos dicen que en Euskadi tenemos jóvenes de segunda generación de familias que han migrado y que están educados en el sistema vasco, y hay una gran parte que viene a trabajar, por lo que se tienen que dar facilidades de formación, educativas y administrativas".