Jauregi y D'Anjou quieren un impuesto renovable de fácil gestión para los promotores
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La ley de cambio climático aprobada en los compases finales de la pasada legislatura por PNV, PSE y EH Bildu marca el 1 de enero de 2025 como punto de arranque del canon que gravará la generación de energía renovable, ingresos que se invertirán en la reducción del impacto medioambiental en las zonas donde se coloquen aerogeneradores o placas solares.
El pago de un impuesto de este tipo choca en principio con las urgencias declaradas tanto por el anterior como por el actual Ejecutivo de Imanol Pradales en el ámbito de la promoción de infraestructuras renovables. El asunto ya ha generado fricciones en otras comunidades autónomas.
También es cierto que la ecuación presenta muchas aristas y una es el difícil de ponderar rechazo social que generan este tipo de plantas, algunas de las cuales ya se encuentran en los tribunales.
En cierto modo, el canon puede limar ese rechazo si efectivamente se demuestra que ese dinero ayuda a construir proyectos atractivos para los municipios y las personas afectadas. Como complemento, la ley obliga a las promotoras a ofrecer parte de la electricidad generada a vecinos y comercios y empresas locales, entre otras medidas para reducir su impacto.
Nuevo gobierno, mismo enfoque
El cambio de gobierno en Lakua, incluida la renovación de los dos departamentos que coordinan el canon, Industria y Hacienda, ha hecho que no haya sido hasta esta recta final del año cuando se han iniciado los trámites para alumbrar esta parte fundamental de la última ley energética.
Los departamentos de Mikel Jauregi y Noël d'Anjou dan ahora el primer paso abriendo la fase de consulta pública del decreto que regulará el gravamen, a la que seguirá el proyecto de disposición conjunto de los dos departamentos sobre el que se pronunciarán Emakunde, el CES (Consejo Económico y Social) o la Oficina de Control Económico antes de su aprobación en consejo de gobierno.
Según explican Hacienda e Industria (el primer departamento se encarga de todo lo relativo a la regulación del impuesto y el segundo del destino de los ingresos) la idea es que el decreto "minimice, más allá de lo que implica la obligación de pago del impuesto, la incidencia del mismo en la esfera jurídica de las personas y entidades afectadas".
Se trata sobre todo, se explica a continuación en el trámite de arranque del decreto, de simplificar la tramitación y las obligaciones para los promotores que tengan que pagar, haciendo en el diseño de modelos tributarios o la tramitación electrónica del canon, que incluirá programas informáticos de ayuda.
Hasta 5.400 euros por parque eólico
Entre los grandes objetivos que fija la ley está el lograr en 2030 que el 32% del consumo energético final en Euskadi lo aporten las renovables, con un peso determinante de eólica y fotovoltaica, que son las que pagan este canon (más de 5 MW de potencia total).
En concreto, se fijan 700 euros de pago fijo por hectárea ocupada por placas fovoltaicas, mientras que para la eólica hay unas cantidades ascendentes en función del número de molinos y su capacidad.
Para un parque con entre uno y cinco aerogeneradores con una potencia de entre 1 a 5 MW cada uno (un complejo más bien pequeño, máximo de 25 MW en total) el coste total son 3.200 euros.
Ya para molinos de tamaño más grande, por encima de 5 MW, la cantidad asciende a 3.800 euros anuales si el parque tiene un máximo de cinco aparatos (este podría ser el formato de parque tipo en tramitación en estos momentos, en todo caso por debajo de los 50 MW de potencia total). Para compejos con más de 5 aerogeneradores grandes el canon son 4.600 euros y para los que tienen más de 10 son 5.400, el máximo contemplado en la ley.