¿Hay sitio para más funcionarios y pensionistas?

La escritora y profesora de la Universidad del País Vasco Katixa Agirre ponía esta semana en duda en twitter que en Euskadi haya un número excesivo de personas que viven del erario público. Lo hacía en respuesta a un periodista con el que probablemente compartió aulas en Leioa y que escribe en el mismo diario que hace unos días sacaba a colación una cifra que resulta para muchos alarmante: cuatro de cada diez vascos de más de 20 años, hasta un total de 750.000, reciben un sueldo o pensión de una administración.

A juicio de Agirre, que es funcionaria, los salarios que dependen de una entidad pública se pagan con "el valor que producen" los que los reciben. Según su visión, nada tienen que ver esas remuneraciones con que haya otras personas pagando impuestos o cotizaciones sociales. Siguiendo su línea de pensamiento, por otra parte muy extendida en nuestro país, todo irá bien si el día de mañana hay tantos receptores de dinero público como contribuyentes, dado que los funcionarios también pasan por la caja de hacienda.

Las reflexiones de Agirre tienen varias fisuras. La primera de ellas es que la productividad de las administraciones es inferior a la del sector privado, lo que explica en gran medida por qué prácticamente todos los gobiernos subcontratan gran parte de su trabajo. Se crea una agencia para gestionar la informática de la institución de turno y al día siguiente se abren concursos para elegir empresas privadas que hagan la programación final. Y así con casi todo: recogida de basuras, limpieza, atención ciudadana, mantenimiento de ordenadores, asesoramientos varios, producción televisiva, transporte....

Se crea una agencia para gestionar la informática de la institución de turno y al día siguiente se abren concursos para elegir empresas privadas que hagan la programación final

Aunque hay excepciones, el funcionario tiende a desmotivarse con el tiempo y se le suele caer el bolígrafo a la hora del café, mientras que la empresa privada es más ágil y está constantemente incentivada para emplear a los mejores profesionales. Los más eficientes y, curiosamente, también más baratos, porque por regla general un trabajador de lo público cobra más y durante menos horas. Hay casos extremos y que Agirre debe conocer precisamente porque sus alumnos son los protagonistas: un periodista de EITB se embolsa de media unos 45.000 euros al año, prácticamente el doble que uno de El Correo.

Pero la mayor parte de los estudiantes que han pasado por sus clases ni siquiera trabajan en su sector. La empleabilidad, dentro de su profesión, de un licenciado en periodismo de la Universidad del País Vasco es muy baja. Tanto que ni siquiera se mide. No tengo por ello ratios para compararla con los de la Universidad de Navarra, pero años de entrevistas de trabajo a periodistas de uno y otro centro académico, por encima del centenar, me permiten afirmar sin ningún género de duda que los de la privada de la comunidad foral están mucho mejor preparados. Aunque hay excepciones, como la del redactor al que respondía Agirre.

La otra fisura de la argumentación en twitter de la profesora de la UPV es que la parte más creciente del gasto público es la que va dirigida a pagar pensiones y lo que antes se denominaban salarios sociales. Por razones demográficas y culturales, vivimos en un país que está envejeciendo a marchas forzadas. Aunque la inmigración compensa parcialmente este fenómeno, la carga que suponen las pensiones no para de aumentar. Utilizando terminología de otros tiempos, cada día hay más clases pasivas y menos activas que las mantengan. Euskadi acoge actualmente a más de medio millón de pensionistas. Y subiendo.

Euskadi acoge actualmente a más de medio millón de pensionistas. Y subiendo

Y eso que, como indicaba recientemente un artículo de la consultora Gerokon, el nuestro "no es un país para viejos". "Destacamos como la comunidad con un mayor gasto-inversión en servicios sociales pero, sin embargo, presentamos una escasa cobertura con relación a este gasto", concluía en base a datos de varios informes comparativos. Y apuntaba una clave para entender lo que está sucediendo: los trabajadores de las residencias de la tercera edad cobran hasta un 70% más en Bizkaia que en Cantabria.

Ese mayor coste para el erario público hace que el servicio sea inferior, al menos en cuanto a cobertura. Lamentablemente el dinero no es infinito y o bien reducimos los salarios de los funcionarios y asimilados o bien ofrecemos menos plazas para nuestros ancianos. La otra opción, que es la que solo sigue el político cortoplacista, es la de endeudarse para que sean nuestros hijos y nietos los que paguen el estropicio que les vamos a dejar en las cuentas públicas.