El parlamentario y responsable de Euskera del EBB del PNV, Markel Olano, y el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi PNV
Nunca es suficiente. El PNV ha logrado en el Parlamento Vasco sacar adelante su propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público para blindar el euskera en las OPE gracias a la abstención de EH Bildu; para que nadie tenga la esperanza de que se haga justicia y no ser discriminado por no tener los conocimientos lingüísticos que las autoridades competentes abusivamente exigen y casi nadie reclama; o sea, para que perdamos toda esperanza y toda la sociedad vasca, en su conjunto, sigamos siendo instrumentos del nacionalismo ultra en beneficio de la imposición sin cuartel del euskera.
Bildu ha dado su apoyo a la propuesta de los jeltzales a cambio de que se cree una comisión que vele por que las cosas sigan como hasta ahora pero peor, o sea, con menos margen de maniobra para quienes todavía tengan ánimo y fuerzas de reclamar su derecho a no ser discriminado por razones lingüísticas.
Mientras Sánchez continúa su fantasmal e imaginaria lucha contra la extrema derecha, el nacionalismo ultra sigue adelante, ahora con más fuerza y más legitimados que nunca, sin oposición real en el Parlamento Vasco y sin que nadie enarbole un discurso ilustrado lo suficientemente robusto y radical (en el buen sentido del término) que ponga en un brete los objetivos totalitarios de siempre: la reconversión lingüística de la sociedad vasca a mayor gloria de los fanáticos; y con gran parte de la sociedad vasca anestesiada, engañada o derrotada después de tantos años de imposiciones y abusos, aunque nuestros jóvenes, más globalizados, comienzan a renegar de tanto adoctrinamiento paleto.
Seguir alzando la voz contra los extremistas partidarios del talibanismo lingüístico
Y quien alce la voz será calificado como extrema derecha, ante lo cual no se me ocurre otra cosa que seguir alzando la voz contra los extremistas partidarios del talibanismo lingüístico.
El resto de grupos han sido, al parecer, muy críticos con el pacto entre el PNV y EH Bildu, pero algunos de ellos, especialmente el PSE, son corresponsables de la situación en la que nos encontramos: cuando gobernó el ínclito Patxi López, que hoy se humilla por Begoña Gómez en el Congreso de los Diputados, los socialistas no sólo no hicieron nada para acabar con los abusos sino que ayudaron a la legitimación del discurso nacionalista, y cuando dejó de gobernar no se le ocurrió otra cosa que convertirse, otra vez, en muleta del PNV, para que no hubiera dudas de su progresismo y su vasquidad, como si abrazar el nacionalismo ideológico y la discriminación por razón de lengua pudiera ser considerado progresista.
Su portavoz, Pau Blasi, dijo defender una "visión pluralista lingüística", como si cupiera pluralidad entre quienes quieren imponer el euskera y quienes defienden la libertad a secas; como si sintagmas semejantes no fueran otra cosa que palabrería barata y sumisión al nacionalismo, sin otra pretensión que engañar al pueblo y alargar la agonía y el sufrimiento.
El portavoz socialista dijo que la modificación legal aprobada es una "propuesta de máximos", como si hubiéramos estado en algún momento cerca de los mínimos, y que no van a estar en propuestas que dividen, debilitan y excluyen, como si dicha actitud no formara parte ya de su hoja de servicios escrita durante años de cesión teórica y práctica ante el nacionalismo; como si se pudiera ser de izquierdas y nacionalista lingüístico al mismo tiempo sin traicionarse a uno mismo.
Bildu dice que su objetivo es que la administración pública vasca sea "bilingüe", o sea, que nadie pueda trabajar en ella sin saber euskera, aunque la mayoría de sus puestos no lo necesiten para realizar perfectamente el trabajo requerido y, aunque, tras años de imposición lingüística, las personas que lo hablan sigan siendo los mismos que hace años, constatando el fracaso de sus políticas ante la realidad de los hechos.
Es un apartheid lingüístico que no podemos aceptar de ninguna de las maneras
Markel Olano, otro extremista nacionalista que se ha comprometido a no utilizar el castellano como muestra de su fanatismo, dice que "euskaldunizar la administración pública es fundamental", otra mentira, salvo para los suyos y los que viven del cuento de ser nacionalista, como si quienes no saben euskera pudieran ser tratados como extranjeros en su propia tierra.
Y avisa a navegantes para que no haya dudas de lo que se pretende: se evaluará la situación para, en caso de que no se colmen sus objetivos, dar otra vuelta de tuerca al proceso de "normalización" lingüística, o sea, para hacer normal lo que es un despropósito: que todos debamos conocer y hablar el euskera, como si fuéramos conejillos de indias al servicio de la causa independentista y sus paranoias.
Hay que parar ya esta locura única en el mundo que aquí demasiados viven como si fuera cosa normal y habitual en otras latitudes: la pretensión de reconvertir lingüísticamente a toda una sociedad, de modo que sólo quienes hablen un idioma que sigue siendo inmensamente minoritario en la calle puedan trabajar en la administración pública.
Es un apartheid lingüístico que no podemos aceptar de ninguna de las maneras. Y es una práctica que se suma a otras prácticas abusivas ante las que nos deberíamos igualmente rebelar, como el hecho de que nuestros jóvenes no puedan estudiar en su lengua materna, el castellano, porque el nacionalismo así nos lo ha impuesto y demasiados han aceptado incluso en contra de sus propios intereses.
Los derechos pertenecen a los ciudadanos, no a las lenguas
Cada cual puede hacer uso de la lengua que considere libremente para comunicarse, formarse o construir su vida; incluso cada cual puede tener sus propias paranoias u obsesiones del tipo que sean, incluso lingüísticas, siempre que se respete la legalidad vigente y la dignidad de la gente; pero lo que no puede ser es que miles de personas sufran las consecuencias de políticas lingüísticas liberticidas que vulneran los derechos ciudadanos más básicos, porque los derechos pertenecen a los ciudadanos, no a las lenguas.
Urge la movilización ciudadana para parar tantos despropósitos acumulados durante décadas, tiempo durante el cual las autoridades del Estado no han hecho nada para proteger a los ciudadanos cuyos derechos lingüísticos están siendo vulnerados. No podemos permitir que se nos siga avasallando como sociedad y como individuos por parte de políticos fanáticos, obsesionados con sus paranoias. Urge dar voz a miles de personas que no aguantan más.
