La justicia conmuta los tres años de cárcel a Miren Larrion por 250 días de servicios a la comunidad

El 'caso Larrión' da otra vuelta más en su recorrido judicial. Casi año y medio después de que estallase el caso Larrion, la justicia ha suspendido la pena de tres años con la que condenó a la ya exportavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria después de que la política abertzale se apropiase de la cartera y la documentación de una compañera de partido. El juzgado de lo penal número 2 de Vitoria ahora suspende esa pena y la conmuta por la realización de 250 jornadas de trabajos en servicio a la comunidad. Al hurto de la cartera, la justicia tiene sumados para Larrion los delitos de usurpación del estado civil y falsedad documental, ambos con el agravante de disfraz por tratar de parecer como la víctima cuando acudió al banco a crear una cuenta a nombre de su compañera de partido. Los tribunales ya probaron su culpabilidad y la condenaron en mayo, aunque con la atenuante de alteración psíquica.

Ante la circunstancia de que la exportavoz abertzale no contaba con antecedentes penales, la justicia ha decidido atender a la petición tanto de la Fiscalía como de la defensa de Larrion y ha conmutado esa pena de 250 días de trabajo por los tres años de prisión privada de libertad. En el auto que toma esta decisión, el magistrado Roberto Ramos toma en consideración "las circunstancias personales, su conducta y la naturaleza" de los hechos cometidos por Larrion y el "esfuerzo realizado para reparar el daño causado", ya que Larrion ya ha abonado los 50 euros de responsabilidad civil que debía a su colega de partido. Ante estos hechos, Ramos considera que no es necesaria la ejecución de los tres años de cárcel "para evitar la comisión futura de nuevos delitos por la penada".

En cuanto al estado de salud mental de la expolítica abertzale, la sentencia en su momento tuvo en cuenta la atenuante de la alteración psiquíca y ahora Ramos revela que la defensa ha demostrado con documentos que la exconcejala vitoriana sigue recibiendo atención especializada y está recibiendo un "adecuado apoyo familiar y social".  Pese a que la justicia ha incluido el atenuante psíquico ante el "estrés agudo y trastorno de ansiedad" que padecía Larrion, los tribunales siempre han defendido que "mantenía el sentido de la realidad", discerniendo, por tanto, lo que estaba haciendo. Ante estas circunstancias, la justicia impone a la condenada hacer trabajos en beneficio de la comunidad como "forma de reparación simbólica" que es "especialmente adecuada" para Larrion, para cuya defensa ya mostró -como no podía ser de otra forma- que prefería los trabajos en beneficio de la comunidad que la pena de prisión.