Las urnas ponen a prueba el ensayo del tripartito en Irun

Desde la formación del actual Ejecutivo vasco, la política en Euskadi se ha acostumbrado a una dinámica muy determinada, en la que PNV y PSE-EE se unen en coalición para gobernar en la mayoría de municipios y diputaciones de la Comunidad Vasca. Sin embargo, son cada vez más comunes las alianzas entre la formación socialista con el resto de fuerzas políticas, especialmente con Elkarrekin Podemos-IU y en ocasiones más puntuales con EH-Bildu, en una dinámica que quizás pueda modificar el mapa político de Euskadi después del próximo 28 de mayo. 

Clara muestra de esto ha sido el reciente curso político del Ayuntamiento de Irun que, con un alcalde del PSE, José Antonio Santano, y en coalición con la formación morada, el consistorio ha conseguido aprobar numerosas leyes y medidas con el resto de fuerzas, desde el PNV al PP, pasando por Bildu, entre lo que quizás lo más destacable fue el acuerdo con la coalición soberanista para aprobar los presupuestos en 2020. Algo que en su momento se vio como un ensayo para, en los próximos comicios autonómicos, tratar de arrebatarles a los jeltzales el gobierno de Euskadi.

Así, las elecciones forales y autonómicas del 28 de mayo en esta localidad guipuzcoana se miran con expectación por varios factores: por un lado por la distancia cada vez más corta entre socialistas y jeltzales, que según la próxima encuesta de EiTB obtendrían 9 y 8 escaños respectivamente, aunque Santano asegura que este tipo de sondeos “siempre muestran la predicción de voto a la baja para el Partido Socialista”; por otra parte, por el crecimiento de EH-Bildu que pasaría de 3 a 5 ediles y aumentaría exponencialmente su peso a la hora de negociar en la próxima legislatura.

Fachada del ayuntamiento de Irun / Ayuntamiento de Irun

Un alcalde en 20 años 

Desde la llegada de la democracia a Euskadi, Irun ha sido uno de los grandes feudos socialistas, aunque rara vez el PSE ha sido capaz de gobernar en solitario. Pero algo especialmente llamativo es la permanencia de Santano como primer edil de este municipio guipuzcoano. De hecho, desde que en 2002 sucedió en el cargo a su compañero de partido Alberto Buen, Santano se ha mantenido en la alcaldía hasta ahora.

Desde esta experiencia más que extendida, asegura que los pactos con Bildu no son algo poco habitual y que durante toda la legislatura han conseguido pactar “con todas las formaciones representadas en el ayuntamiento”. Aunque ahora, en caso de que el PSE vuelva a ser la lista más votada tocará ver a con quienes deciden pactar a partir del 28 de mayo: con Elkarrekin Podemos y una segunda fuerza política que al menos se abstenga, como pueden ser Bildu o el PP, con Oihana Briones e Íñigo Manrique encabezando cada una de estas listas respectivamente; o con el PNV, con Xabier Iridoy como candidato, que le garantice una mayoría absoluta cómoda. 

Aunque este escenario se ve como bastante improbable, principalmente por la complicidad que Santano muestra con la coalición morada y la “buena sintonía” con la que han trabajado durante los últimos cuatro años y que esperan seguir en la próxima legislatura, lo que dificultará bastante más un hipotético acercamiento hacia los jeltzales.  

El candidato del PNV a la Alcaldía de Irun, Xabier Iridoy / PNV

Un exmiembro de ETA en listas

A todo esto, si Santano y el resto del PSE planteaban posibles pactos con la formación soberanista, se han encontrado en las últimas semanas con una nueva polémica que afecta a Irún y decenas de municipios más de Euskadi y Navarra, por la inclusión de 44 antiguos miembros de ETA, 7 de ellos condenados por haber participado en varios asesinatos perpetrados por la banda terrorista. 

Ante esto, Irun, lejos de quedar fuera de la polémica de un paso más, y es que dentro de las listas de EH-Bildu, concretamente en el número 21, aparece el nombre de Juan Ramón Rojo, vinculado y condenado por dos delitos de sangre, uno de ello, el primero realizado en el propio municipio guipuzcoano en 1991 cuando mató a Francisco Gil Mendoza, de 27 años, vecino del pueblo y al que ETA acusaba de traficar con drogas, cuando realmente, él mismo las consumía y vendía una parte de estas. 

Por este suceso, Juan Ramón Rojo, ahora elegible para el ayuntamiento de Irun -aunque su presencia en la lista es fundamentalmente simbólica-, fue condenado a 29 años de cárcel, una sentencia a la que se sumaron después otros 27 años por el asesinato del policía nacional, José Ansean, en Bilbao, en 1992. Finalmente, el exmiembro de ETA quedó en libertad en 2013 tras cumplir menos de la mitad de los años que le correspondían. 

Ante esto, Solano mantiene -en la tónica de la mayoría de políticos socialistas- que la decisión de Bildu es “completamente legal”, pero asevera que “desde la moralidad y la dignidad”, el se encuentra firmemente en desacuerdo. Sin embargo, cauto en sus declaraciones y sin entrar demasiado en el tema para no avivar el fuego, añade que serán pasadas las elecciones cuando empiecen a plantear con quienes buscar acuerdos y a quienes dejar en segundo plano.