Bildarratz afronta la recta final de la Ley de Educación entre huelgas y desencuentros políticos

Este martes la educación pública no universitaria en Euskadi vive una nueva jornada de Parón. Los sindicatos Steilas, ELA y CCOO han convocado en las tres capitales vascas amplias movilizaciones dirigidas a los profesores, personal de educación especial, y trabajadores de cocina y limpieza, bajo el lema "Euskal Hezkuntza Publikoa indartzeko, lan-baldintzak hobetu" / "Mejorar las condiciones de trabajo para reforzar la Educación Pública Vasca". Unas concentraciones que coinciden, además, con los últimos trámites parlamentarios de la Ley Vasca de Educación, y el descontento por parte de gran parte de los grupos políticos respecto a esta norma. 

La de Educación del País Vasco es, sin ninguna duda, una de las normas más relevantes para el Ejecutivo y para el Departamento que gestiona el consejero Jokin Bildarratz. Una ley que ya se veía como uno de los objetivos pendientes de legislaturas pasada y que ha vivido un sin fin de retrasos en el último año. Ahora, justo cuando esta ha dado un paso adelante en su aprobación -el pasado jueves superó el pleno ordinario donde se rechazaron las enmiendas a su totalidad presentadas por PP, Vox, Cs y Elkarrekin Podemos-IU-, el personal de la escuela pública en Euskadi sale a la calle como protesta ante la política "de privatización y precarización" del Gobierno vasco. 

Una jornada de huelga que se suma a las ya vividas durante las últimas semanas: primero el pasado lunes 9 de octubre por parte del personal docente e investigador de la UPV-EHU; y después la convocada por la escuela concertada del 17 al 19 de octubre, que tendrá su réplica entre el 11 y el 15 de diciembre, y a la que están llamados 9.000 profesores, llegando a afectar a 120.000 alumnos.

Todo un cúmulo de movilizaciones que no están siendo bien recibidas desde el Ejecutivo vasco. De hecho, varios miembros de este, incluidos el lehendakari, Iñigo Urkullu, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, o el portavoz, Bingen Zupiria, se han manifestado en contra de estas huelgas de su marcado tinte político. Incluso, el propio Urkullu ha denunciado en varias ocasiones "la estrategia" de los sindicatos ELA y LAB, así como la de EH-Bildu, para generar en Euskadi "un malestar artificial en la sociedad vasca, que a nadie beneficia", y relacionarlo con el PNV.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, durante el pleno del Parlamento vasco / Legebiltzarra

Un consenso roto y una estrategia contra el Gobierno

También el consejero Bildarratz se ha mostrado descontento con las numerosas huelgas en el sector de la Educación convocadas para estos próximos meses. Incluso, al conocer la convocatoria, criticó que estas movilizaciones no tienen "ni pies ni cabeza", y el martes pasado, coincidiendo con la primera huelga de los centros concertados de iniciativa social, aseveró que estas eran "totalmente desproporcionadas". Además, cuestionó si no existen "otros modos" de solucionar el conflicto y si plantear ocho días de huelga "es un planteamiento adecuado para el alumno y su formación".

Por su parte, este mismo lunes Bingen Zupiría, en una entrevista para Radio Euskadi, aseguró que existe una relación entre las movilizaciones anunciadas para los próximos meses y las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 2024. Sumándose así a los planteamientos de Urkullu sobre que la izquierda abertzale está siguiendo una estrategia en contra del Ejecutivo autonómico, aprovechando el descontento de la sociedad vasca. 

A esto, hay que sumar el descontento de EH-Bildu respecto a la dirección que está tomando la nueva Ley Vasca de Educación desde que PNV y PSE presentaran en el último momento una serie de enmiendas parciales para reformar el texto. Hasta 26 cambios entre los que se incluía una manera de "blindar" los modelos lingüísticos en la propia norma y que no han gustado en la coalición soberanista. 

El parlamentario de EH-Bildu, Ikoitz Arrese, durante el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la Ley Vasca de Educación / Legebiltzarra

De hecho, su parlamentario, Ikoitz Arrese, lanzó un órdago el pasado jueves en el Parlamento vasco durante el debate sobre las enmiendas a la totalidad. En aquel pleno Bildu votó en contra de devolver el texto al Departamento de Educación, al igual que hicieron PNV y PSE, pero también aseguró que su grupo parlamentario no apoyará una ley con la que no estén de acuerdo. 

Así, en caso de que la izquierda abertzale no vote a favor de la norma cuando esta vuelva a llevarse a la Cámara autonómica, se rompería por completo el pacto educativo firmado en abril de 2022. Aquel acuerdo recogía el 90% del apoyo parlamentario, pero con la salida de Elkarrekin Podemos-IU por disidencias relacionadas con la educación pública y la lucha contra la segregación; y ahora con el abandono de EH-Bildu, todo parece indicar que esta norma, presentada como un gran pacto de país y una ley de consensos, será finalmente aprobada con el "rodillo del gobierno". Aunque todavía quedan dudas, incluso, de que quede tiempo en esta legislatura.