Bildarratz concluye su odisea y aprueba la reforma educativa con el rechazo frontal de la oposición

Sin consenso, sin el apoyo de ningún grupo de la oposición, y con todavía dudas sobre buena parte del contenido de la norma, el Parlamento vasco ha aprobado este jueves la nueva Ley de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una medida que se planteó como la gran 'prioridad' del Ejecutivo autonómico y que finalmente solo ha salido adelante con el voto a favor de los 41 parlamentarios que reúnen PNV y PSE-EE en la Cámara vasca. 

Esta norma, que sustituirá a la ley 1/1993, del 19 de febrero de la Escuela Pública Vasca, presentada por el exparlamentario socialista y exdiputado general de Álava, Fernando Buesa, se ha aprobado de forma muy similar a la de su antecesora. Con el único apoyo de jeltzales y socialistas, y con el rechazo, en bloque, de los grupos de la oposición: EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, el PP vasco, Vox y Ciudadanos. A pesar de que tanto la coalición abertzale como la formación morada fueron parte del llamado Pacto Educativo del 7 de abril de 2022, que reunió a más del 90% de los parlamentarios de la cámara autonómica. 

Al entender que el Gobierno se estaba alejando de aquel acuerdo, primero Elkarrekin Podemos y después EH Bildu rompieron con aquel pacto. Dejando así solos a PNV y PSE-EE, en una ley que no solo tiene en contra a todos los grupos de la oposición, sino también a los principales sindicatos y organizaciones en defensa de la escuela pública vasca. De hecho, estos últimos se han concentrado este jueves al frente del Parlamento vasco para denunciar que este proyecto de ley no pone en el centro a la escuela pública ni acaba con lo con problemas como la segregación.

Así, el pleno de este jueves ha evidenciado las profundas diferencias que existían entre los socios del Ejecutivo vasco y los grupos de la oposición que, con argumentos muy adversos, han rechazado una norma que ya durante su recorrido parlamentario fue producto de amplias polémicas.

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, junto a miembros de su departamento tras haberse aprobado la Ley Vasca de Educación / CV

Tesión por el derecho a decidir

Mientras Vox, Ciudadanos y el Partido Popular han criticado que esta norma impone la "euskaldunización y los valores identitarios" dentro del sistema educativo de Euskadi; desde EH-Bildu denuncian que se perpetúen los modelos lingüísticos y se abra la puerta a "un modelo D minus" en el que "prevalezca el derecho de las familias a elegir la lengua frente a los objetivos establecidos por la ley". 

Estas palabras que ha pronunciado el parlamentario de la coalición soberanista, Ikoitz Arrese, han provocado el revuelo tanto del Partido Popular como de Vox, cuyos portavoces, Carmelo Barrio y Amaia Martínez, durante su turno de réplica han pedido explicaciones a Arrese y al Gobierno vasco, ante una intervención que Barrio ha valorado como "liberticida".

El parlamentario popular, durante su intervención inicial, ha denunciado que ninguna de sus enmiendas "mereció la atención del Gobierno" y ha advertido de que con esta nueva legislación aumenta el riesgo de que en Euskadi se de un "sectarismo educativo a la catalana”. "Las prioridades de esta ley son la euskaldunización, los valores identitarios y la municipalización de esta ley", ha criticado Barrio. 

Sin embargo, en 101 artículos que tiene esta nueva Ley de Educación, lo relativo a la permanencia de los modelos lingüísticos (A en castellano, B mixto y D en euskera) no aparece reflejado más que en el preámbulo de la propia norma. Realmente, el grueso en lo relativo al euskera estableceido en los artículos del 65 al 69, contempla que será cada centro el que "teniendo en cuenta las características sociolingüísticas y socioeconómicas de cada entorno" debe garantizar que el alumnado concluya la educacón obligatoria con un perfil B2 en euskera y castellano, además un B1 en una tercera lengua extranjera.