Otra legislatura sin Ley de Transparencia: la tarea pendiente de Urkullu

Doce años y tres legislaturas después -dos de ellas con mayoría absoluta junto al PSE-EE-, no parecen haber sido suficientes para que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y su equipo de Gobierno hayan logrado aprobar en el Parlamento vasco una ley para que las instituciones públicas den cuenta de su actividad ante la ciudadanía. Una medida como la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública que otras muchas Comunidades Autónomas ya tienen en vigor y que todavía está pendiente en Euskadi. 

De hecho, el País Vasco es el único territorio de todo el Estado que no tiene todavía una herramienta que garantice la transparencia de la Administración Pública ante la ciudadanía. Algo a lo que el propio Urkullu se ha comprometido en varias ocasiones y que, sin embargo, quedará como una de sus grandes asignaturas pendientes después de más de una década al frente del Ejecutivo vasco. 

Los intentos ahí están, y aunque los plazos no lo van a hacer posible, actualmente hay un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno relativo a este mismo asunto. El de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que el 28 de noviembre del pasado año salió adelante y fue trasladado al Parlamento vasco para que el resto de fuerzas políticas lo estudiaran. Aunque ya desde el momento en que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, dio a conocer este texto, se dejó ver que su aprobación quedaría pendiente para la próxima legislatura. 

A este proyecto de ley se le suman otros muchos movimientos que el lehendakari y sus Ejecutivos han impulsado en los últimos 12 años y que, de uno forma u otra, han acabado naufragando. Primero durante el primer mandato de Urkullu -con un Gobierno en minoría- el PNV quiso introducir esta medida mediante un capítulo en una normativa referente a la transparencia que el resto de grupos de la oposición rechazaron. Algo que obligó a aquel Ejecutivo a presentar una nueva ley que, al agotarse la legislatura, no salió adelante. 

El Consejero de Educación, Jokin Bildarratz y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, con el lehendakari, Iñigo Urkullu / Adrián Ruiz Hierro - EFE

Algo similar ocurrió en la siguiente legislatura, entre 2016 y 2020, con la diferencia de que aquella vez Urkullu sí contaba con mayoría absoluta gracias a su pacto con el PSE-EE; y de que en el calendario legislativo de aquel Gobierno sí se planteó una ley específica. En concreto, una norma que debía llegar durante el primer cuatrimestre de 2018 que, de nuevo, fracasó ante la negativa de la oposición y, en especial, por las diferencias internas del propio Ejecutivo autonómico. 

Con esto, más de una década después, el lehendakari se encuentra en la misma situación que en las dos legislaturas anteriores, con una norma todavía pendiente y que no se hará realidad hasta, como pronto, la siguiente legislatura. Solo que la próxima vez no será Urkullu quien trate de sacarla adelante, sino el próximo dirigente vasco. Lo que hace de esta Ley de Transparencia una de sus principales derrotas el frente de la Lehendakaritza.

Además, se suma el hecho de que en este plazo de doce años, todas las demás Comunidades Autonómicas han aprobado una ley de transparencia. Tosas excepto las islas Baleares, que cuenta con la Ley de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, desde el 31 de Marzo de 2011. 

Consenso en 4 leyes

El problema, una vez más, se sitúa en los plazos con los que ha trabajado esta ley. Y aunque la consejera Garamendi dará más detalles sobre la norma el próximo lunes 5 de febrero, su aprobación queda casi completamente descartada. Especialmente por la cercanía de las elecciones autonómicas vascas de este 2024. Unos comicios de los que saldrá un nuevo lehendakari. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, junto al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en el Parlamento vasco / Legebiltzarra

Aunque antes de que Urkullu disuelva la cámara autonómica, el Parlamento tiene por delante la aprobación de cuatro normas pendientes: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; la Ley de Infancia y Adolescencia; la Ley Trans vasca; y la Ley de Cooperación.

Todas ellas, normas que están apurando los plazos y alargando esta legislatura y que, además, saldrán adelante con un consenso parlamentario especialmente amplio. De hecho, todas estas iniciativas parlamentarias se aprobarán con los votos a favor de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Todas excepto la de Cambio Climático, puesto que la formación morada ha dado mostrado su negativa contra esta norma. 

Según señalan algunas fuentes parlamentarias, se espera que estas cuatro leyes se voten, como pronto, el próximo 15 de febrero, lo que dejaría el camino libre para que las autonómicas vascas se realizaran a mitades de abril. Aunque Urkullu todavía no ha dado ninguna fecha concreta.