El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo afea al Gobierno vasco no proteger bien a una víctima de violencia machista
La institución recoge en su informe anual un fallo grave de seguridad por no informar a la afectada
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El Defensor del Pueblo ha recogido en su último informe anual de 2024 un grave fallo en la protección de tres víctimas de violencia de género, una mujer y sus dos hijas, tras la excarcelación de un hombre condenado por sentencia firme con delitos muy graves.
El caso lo recoge la memoria anual de la institución que dirige Ángel Gabilondo, como un ejemplo “significativo” en los fallos de ejecución de sentencia en casos de violencia de género. La institución afea al Gobierno vasco la descoordinación y falta de comunicación entre juzgados y policía que pudo poner en grave riesgo a la familia del agresor.
Una mujer y sus dos hijas solicitaron la intervención de la institución tras descubrir que su exmarido y padre, condenado en firme y considerado altamente peligroso, fue liberado y se le retiró la pulsera de control telemático, sin que ninguna de ellas fuera informada en ningún momento durante los más de siete meses que estuvo fuera de prisión.
Durante siete meses, el agresor fue trasladado por diferentes centros penitenciarios. Pero el sistema falló en la protección en cuanto el condenado fue trasladado al País Vasco.
“El agresor había sido trasladado a distintos centros penitenciarios. La exmujer y sus hijas mantuvieron en todo momento una buena comunicación con las oficinas de los juzgados competentes, y estas con la policía, para garantizar que el agresor no se acercara a menos de 100 kilómetros de la residencia de las víctimas, porque se consideraba muy peligroso”, explica el Defensor.
“Sin embargo, cuando fue trasladado al País Vasco se interrumpió la comunicación y dejaron de tener información sobre su situación penitenciaria”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo formuló recomendaciones oficiales a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Bilbao y a la Secretaría de Estado de Justicia.
Las propuestas iban “dirigidas a mejorar los sistemas de comunicación entre los juzgados y las víctimas, garantizar el ejercicio de sus derechos como partes y revisar los protocolos y manuales de gestión aplicables en estos casos, garantizando la coordinación entre administraciones”.
Recomendaciones
La memoria de 2024 recoge que el Gobierno vasco aceptó las recomendaciones, comprometiéndose a modificar el protocolo penitenciario de marzo de 2022 “para que la Administración penitenciaria vasca comunique la información sobre los penados a las víctimas, incluyendo la referente a dispositivos telemáticos”.
El Gobierno vasco también se comprometió a realizar controles periódicos para asegurar el cumplimiento de estas medidas.
El caso ha puesto de manifiesto las lagunas graves en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, especialmente cuando el agresor sigue siendo una amenaza real. También subraya la necesidad de revisar y reforzar los mecanismos de coordinación institucional para garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas.
Según los datos oficiales, el Defensor del Pueblo recibió en 2024 un total de 76 quejas recibidas a través del Ararteko vasco y tramitó 690 expedientes de queja procedentes de Euskadi.
El pasado 25 de marzo, Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Informe Anual de 2024. Una vez las Cortes Generales han recibido los informes anuales o extraordinarios del Defensor del Pueblo, estos se tramitan en Comisión Mixta "con carácter previo a su debate en los Plenos de las Cámaras".
