Bildu propone una regulación del “comercio justo” y pide a las administraciones priorizarlo

Bildu quiere llenar el vacío legal y jurídico que durante años ha rodeado a las prácticas del comercio justo, una actividad económica y social contemplada internacionalmente y que, sin embargo, no cuenta con una protección jurídica adecuada en España, a pesar del “papel protagonista” del Estado “liderando la Economía Social a nivel internacional”.

Por ello, el Grupo que dirige Mertxe Aizpurua acaba de presentar en el Congreso de los Diputados una enmienda a la Ley integral de impulso a la economía social que promueve el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz. 

La enmienda tiene como objetivo principal evitar el uso indebido del término "Comercio Justo" por parte de empresas que no cumplen con sus principios.

Según EH Bildu, esta situación pone en riesgo los derechos de los consumidores y los beneficios de los productores más vulnerables, además de generar confusión y falta de transparencia en el mercado. “

Existe el riesgo de que se aprovechen indebidamente de este concepto empresas que accedan al mercado del comercio justo sin cumplir con los criterios exigidos.

Para evitar ese riesgo y que ello pueda reducir los beneficios de los productores más vulnerables, reducir la transparencia para los consumidores y violar su derecho a una información adecuada sobre los productos, es necesario regular el término 'Comercio Justo', así como los criterios aplicables a sus organizaciones”, justifica el partido.

Un ejemplo de comercio justo. Livier Garcia (Pexels)

En su texto, Bildu define el comercio justo como “una alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio global.

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando los derechos de personas productoras y trabajadoras marginadas especialmente en el Sur Global”. 

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Priorizar su uso en lo público

La enmienda, en caso de ser aprobada, “autoriza” al Gobierno a desarrollar en un plazo de 12 meses un reglamento que especifique el registro y certificación de las entidades que desarrollan comercio justo.

La propuesta de Bildu es que los poderes públicos lo promuevan, entre otras cosas con campañas de sensibilización, para “avanzar hacia un modelo más productivo y sostenible”.

Otra idea propuesta por Bildu es que los poderes públicos “prioricen” la compra pública de productos de comercio justo certificados.

Comercio justo. Pixabay

Las entidades de comercio justo deberán cumplir con criterios como el pago justo basado en costos de producción y negociaciones equilibradas, el apoyo a proyectos colectivos y comunidades vulnerables, contratos estables de al menos tres años para proteger frente a riesgos económicos, prácticas sostenibles con el medio ambiente (ej. agroecología) y transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro.

El ejemplo francés

Bildu pone como ejemplo a Francia, donde desde 2005 existe una regulación específica sobre el Comercio Justo, ampliada en 2014 en el marco de su Ley de Economía Social y Solidaria. 

“Desde la entrada en vigor de la normativa francesa, el mercado de productos de comercio justo se ha multiplicado por cuatro, alcanzando los 2.041 millones de euros en 2021, frente a los 156 millones de euros en España en 2023”, explica.

“La inclusión de la definición y regulación del comercio justo en la normativa francesa ha supuesto un mayor reconocimiento y conciencia pública sobre esta práctica. Además, ha generado un mayor apoyo institucional y financiero para los productos y empresas comprometidas con esta práctica comercial, y ha ayudado a alinear las prácticas comerciales con los objetivos de Desarrollo Sostenible”.

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