La viceconsejera primera y consejera de Cultura y Política Lingüñística, Ibone Bengoetxea (d), y la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.
El Gobierno vasco señala a los jueces por sus decisiones "muy graves" sobre el euskera
Bengoetxea critica la decisión del TSJPV de cuestionar la constitucionalidad de un modelo "avalado" por el propio TC
El Gobierno vasco mueve ficha contra los jueces por sus decisiones "muy graves" sobre el euskera. La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha apelado al consenso de todos los grupos del Parlamento Vasco para defender el marco jurídico construido en los últimos 40 años en torno a la normalización del uso del euskera.
Algo que habría que hacer frente a la "grave" decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de "cuestionar" la constitucionalidad del sistema, pese a que este modelo --según ha dicho-- cuenta con el "aval" del propio Tribunal Constitucional.
Bengoetxea y la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, han comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la reunión semanal del Consejo de Gobierno para realizar un repaso del recorrido del procedimiento judicial iniciado a raíz de los recursos presentados por PP y Vox contra el decreto 19/2024 sobre el uso del euskera en el sector público, un proceso que --según ha denunciado-- evidencia "una vez más la judicialización y instrumentalización del euskera".
Según refiere Europa Press, Ubarretxena ha recordado que el TSJPV ha iniciado el procedimiento para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley vasca de empleo público. El Tribunal Superior Vasco pretende consultar al Tribunal Constitucional sobre el artículo 187.5 de la Ley de empleo público, que obliga a asignar un perfil lingüístico a todos los puestos de trabajo del sector público.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que la sala del TSJPV que lleva este asunto "argumenta que ese precepto es la base jurídica del decreto recurrido" por PP y Vox, por lo que "debe aclararse su constitucionalidad antes de dictar cualquier sentencia".
Tal y como informa Efe, Bengoetxea ha explicado que el hecho de que todos los puestos tengan asignado un perfil "no significa que en todos exijan euskera". En este sentido ha diferenciado entre dos conceptos: el perfil lingüístico y la fecha de preceptividad.
El primero es "una característica" del puesto como "la titulación o las funciones" e indica la "capacitación ideal" para ese trabajo. La Ley de Empleo Público establece que todos los puestos deben clasificarse con un perfil, pero esto "no convierte automáticamente ese perfil en un requisito".
La diferencia, ha añadido, la marca la fecha de preceptividad, que indica a partir de qué momento ese perfil se convierte en "requisito". Mientras esa fecha no venza no se puede exigir el conocimiento del euskera y esta lengua únicamente puntúa como mérito en las pruebas de acceso.
Además, hay un número "significativo" de plazas que no tienen asignada una fecha de preceptividad y por tanto en ellas el euskera "no es exigible". Son el 26,5 % en la Administración general, el 37,2 % en Osakidetza, el 46,4 % en la Ertzaintza y el 67,1 % en la Administración de Justicia, según ha precisado.
