El personal no vacunado de las residencias, al menos una PCR semanal, pero sin cambio de puesto

Los trabajadores de las residencias de mayores de Euskadi tendrán que someterse desde este martes a más pruebas PCR y los usuarios también deberán hacerse test diagnósticos cuando pernocten fuera del centro, tanto si están o no vacunados. Así se recoge en el principio de acuerdo entre Gobierno vasco y Diputaciones. Ha sido un consenso de básicos, dado que Álava se ha desmarcado al plantear dos pruebas PCR a la semana para los profesionales que no quieran vacunarse. Aún así, es algo más que el punto de atasco en que se había caído después del encuentro mantenido la semana pasada para aplicar las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad trasladó a la conferencia interterritorial. La problemática surgió con la gestión de los profesionales que trabajan en residencias de mayores y no se quieren vacunar. En la nueva normativa vasca no se recoge la posibilidad de cambiar de puesto a las personas que no se han puesto la vacuna, una recomendación que sí se planteó desde el Ministerio. 

Todo esto, en medio de la duda que se plantea sobre la posibilidad o no de exigir a los trabajadores la elaboración de un test PCR con el actual marco legal. 

El nuevo protocolo para la vigilancia y control de la covid-19 que el Gobierno Vasco ha acordado aplicar desde ahora en los centros sociosanitarios ha logrado un acuerdo de mínimos entre las tres diputaciones forales. Se establece una especial vigilancia cuando la incidencia acumulada sea igual o mayor a los 300 casos por cada 100.000 habitantes en cada territorio histórico, tasa que se sobrepasa actualmente en los tres territorios. Cuando se supere dicha tasa, a los trabajadoras de atención directa a residentes se les hará una PCR de cribado sistemático, que será semanal en el caso del personal no vacunado y quincenal para el vacunado. Álava, en cambio, en este punto ha anunciado que realizará dos pruebas semanales. A principios de mes el Diputado general de Álava, Ramiro González, ya se mostró dispuesto a ir más allá y establecer para estos profesionales la vacuna como requisito obligatorio.

Además, se aumentarán también las pruebas a los residentes cuando pernocten fuera del centro, de forma que serán sometidos a pruebas diagnósticas a la entrada en el centro estén o no vacunados. Hasta ahora se hacía solo a los no vacunados. Las instituciones vascas recuerdan que a pesar de que el avance de la vacunación ha reducido notablemente los casos positivos, no se ha eliminado totalmente el riesgo de contagio y, por lo tanto, "resulta necesario seguir adoptando medidas de precaución en los centros sociosanitarios"

Personal que no se quiere vacunar

Precisamente las complejidades "técnicas" que puede conllevar el cambio de ubicación de los profesionales no vacunados era el mayor escollo. La propuesta del Ministerio trasladada a las comunidades autónomas en el consejo interterritorial se basa en que los trabajadores que rechacen la vacuna  o no hayan completado su vacunación deberían  hacerse Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) –PCR o test de antígenos– mínimo dos veces por semana.  Además, se podrá valorar el traslado de su puesto de trabajo para evitar el contacto con los residentes. Lo cierto es que la mayoría de las residencias dependen las diputaciones y trasladar al personal no vacunado podría ocasionar bastante problemas para cubrir los puestos. La propia patronal de las residencias a nivel estatal también se ha manifestado en esta misma dirección y ha pedido que la vacuna sea obligatoria.

Ley Salud Pública

El anteproyecto de ley de Salud Pública de Euskadi contempla que en caso de pandemia y situaciones de "riesgo urgente" para la salud sea posible la vacunación obligatoria y la adopción de medidas como la limitación de la movilidad y el aislamiento domiciliario, previa autorización judicial. El borrador de esta norma, que será sometido a exposición pública hasta el próximo 31 de agosto, aborda la salud desde una perspectiva global pero recoge menciones específicas sobre el margen de actuación de los poderes públicos en caso de hipotéticas nuevas pandemias La actual crisis sanitaria de la Covid-19 cuenta con su propia ley, que fue aprobada por el Parlamento Vasco en junio, pero se trata de una norma referida únicamente a la actual pandemia y no a las que puedan declararse en el futuro.