Incomunicado y con una sola hora de salida al día: así malvive el periodista Pablo González

Son ya once los meses que Pablo González (Moscú, 1982) lleva encarcelado en Polonia acusado de espionaje para Rusia. Once meses en los que Pablo ha estado y está totalmente incomunicado —ha recibido una única visita de su mujer—, en condiciones indignas y sin conocerse argumentos firmes sobre por qué se llevó a cabo su detención. 

Pablo González —periodista independiente— viajó a Polonia el 24 de febrero de 2022, fecha en la que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Pablo acudía a trabajar como periodista para informar sobre el conflicto ya que tenía un contrato con La Sexta. Su familia pudo verlo en televisión, mientras retransmitía los primeros días de la guerra. El 28 de febrero —sobre las siete de la mañana—, la mujer de González, Oihana Goiriena, recibió una llamada: “estoy detenido”, le dijo Pablo. “Me pidió que llamase a su abogado y a su madre y esa fue la única conversación que tuvimos”. Desde ese momento, empezaron “a poner en marcha la maquinaria consular”. Para su sorpresa, el cónsul de España en Varsovia le comunicó a Oihana que no tenían constancia de que Pablo estuviese detenido y, al no contar con esa información, no podían iniciar la asistencia consular. A los tres días, llegó la notificación oficial y el 7 de marzo, Pablo recibió la primera visita del cónsul. Después de 48 horas sin saber de él, fue un gran alivio para la familia comprobar dónde estaba y saber que se encontraba bien, dentro de las circunstancias.

Sin argumentos sólidos

Pero, la gran pregunta era, ¿por qué se le ha detenido? Lo único que sabe el entorno de Pablo es que se le acusa de espionaje para Rusia, pero no existen cargos en concreto porque aún —casi un año después de su detención— no se han hecho públicos. Al parecer, lo que se filtró desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia es que habían encontrado a Pablo con dos pasaportes y dos identidades diferentes. En este punto, la familia tuvo que explicar a qué se debía esto y por qué tiene nacionalidad rusa y española. “Le pusieron un nombre y cuando sus padres se divorciaron y su madre lo trajo a España, adaptó el nombre a la versión española y le puso los apellidos de ella para facilitarle la integración”, explica Oihana. Por lo tanto, ese asunto quedó aclarado.

Otro de los argumentos que llegaban desde Polonia era que Pablo se valía de su estatus como periodista para viajar por todo el mundo, sobre todo a zonas de conflicto. “No lo hemos desmentido porque es su trabajo y porque creemos que debe ser así para hacer un periodismo de rigor”, asegura. Aún así, después de todas las explicaciones, silencio absoluto por parte de las autoridades polacas.

Imagen compartida por Pablo en sus redes sociales durante uno de sus viajes a Ucrania./ Asociación #FreePabloGonzález

Imagen compartida por Pablo en sus redes sociales durante uno de sus viajes a Ucrania./ Asociación #FreePabloGonzález

Pablo está totalmente incomunicado desde el momento de su detención. No se le permite hablar con su familia, tampoco con sus abogados y ni siquiera tiene contacto con otros presos porque está catalogado como ‘prisionero peligroso’. Las condiciones en las que vive son, además, muy duras. Se encuentra en un módulo de máxima seguridad: incomunicado con cualquier preso, solo le permiten salir una hora al día a un pequeño patio, tiene una minúscula ventana opaca en su celda que no le permite ver el exterior y ha estado sin calefacción hasta hace poco.

Pero, sin duda, lo que peor lleva no es ni el frío, ni el hambre —asegura su mujer—, es la falta de comunicación. No poder hablar con nadie, sobre todo con sus dos hijos, familia y amigos. Desde el día que se conoció oficialmente que Pablo estaba en prisión, su familia ha solicitado la asistencia de su abogado de confianza, Gonzalo Boye, visitas regulares de su entorno más cercano y comunicación directa con él. Sus peticiones han sido en vano, solo se pueden aferrar a las cartas, pero el camino no es nada fácil y todo son trabas. Las cartas que envía Oihana a Polonia tardan en llegar unos dos meses —llegan abiertas porque han pasado por censura— y con las que manda Pablo ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, la comunicación entre ellos no es nada fluida. 

La tan esperada visita

Después de casi nueve meses —21 de noviembre—, Oihana por fin pudo visitar a Pablo, pero hasta conseguirlo, tuvieron que luchar mucho. Desde que conocieron la detención, solicitaban esta visita y en cada una de las ocasiones, Oihana debía enviar todos los papeles que le exigían y justificar por qué quería visitar a su marido. El 6 de junio fue la última vez que envió la solicitud y hasta mediados de octubre no llegó el permiso.

No estuvieron solos, con ellos, agentes del Servicio de Inteligencia Polaco y un traductor. A pesar de ello, les concedieron dos horas de encuentro —normalmente es solo una— y Oihana asegura que “fue un momentazo”. “Lo vi bien, ha perdido muchísimo peso, pero se le ve con salud. Anímicamente ha tenido muchos altibajos”, cuenta.

Aquel fue un permiso para una única visita y ya preparan —o, al menos en ello trabajan— la siguiente. “Si queremos volver a visitarlo, tenemos que volver a tramitar todo. No sé si nos volverán a exigir tanta documentación porque ya la tienen, pero lo que no sabemos es cuánto tardarán”, explica.

El papel de las instituciones

Un caso como el de Pablo no está teniendo la suficiente repercusión que muchos consideran que debería tener. Por parte de las instituciones vascas, Oihana sí ha notado más interés. Ha habido comparecencias en el Parlamento vasco o en las Juntas Generales de Bizkaia. También tienen contacto directo con la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno vasco —que ha seguido de cerca el asunto—, “pero no pueden hacer mucho porque no tienen competencia en asuntos exteriores”.

Agradecen también el trabajo del cónsul de España en Varsovia, quien “ha empatizado y nos ayuda en todo lo que puede”, ya que “no puede llegar tan arriba como se cree porque está muy limitado”.

Sin embargo, cree que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España “está teniendo una actitud muy tibia”. Nadie del Gobierno español se ha puesto en contacto directo con ella, salvo el cónsul. Además, las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no han sentado nada bien a la familia. “Ha sido como una patada en el estómago porque ha dicho que no era verdad que Pablo estuviera incomunicado. Si a cero llamadas, once meses sin hablar con sus hijos y una visita mía lo llama comunicación, no sé qué puedo decir”, clama Goiriena. “Que no le permitan hablar con sus hijos y que el Gobierno de España no diga nada, me parece doloroso”.

Recalca que “no piden nada ilegal” al gobierno, ni que se exceda de sus competencias, “solo que exija al Gobierno polaco que respeten derechos tan básicos como la comunicación directa con la familia, permisos regulares de visita y que pueda tener a su abogado de confianza con él”.

Lo que sí están notando es el apoyo de la sociedad, tanto la familia como el propio Pablo. Llegan ánimos desde Euskadi y desde otras zonas de España, hasta el punto de que Pablo ha recibido —por el momento— unas 40 cartas desde diferentes puntos. Además, su familia ha creado la Asociación #FreePabloGonzález para, entre otras cosas, poner en marcha un crowdfunding y recaudar dinero para cubrir gastos de defensa. “Le hacemos llegar el eco de toda esta solidaridad y saber que tiene apoyo aquí, es un chute de ánimo para él”, cuenta Oihana.

Campaña para dar voz al caso de Pablo./ @FreePabloGonz

Campaña para dar voz al caso de Pablo./ @FreePabloGonz

“Una falla democrática en suelo europeo”

Desde la Asociación Vasca de Periodistas - Colegio Vasco de Periodistas califican el caso de Pablo de “lamentable y penoso”. Su presidenta y decana, Amaia Goikoetxea, considera “triste e inadmisible” que hoy en día ocurran cosas como estas. “ Me parece que en suelo europeo, una falla democrática de este calibre es algo que debería sonrojarnos y darnos vergüenza”, reflexiona Goikoetxea.

Cree que es un error permitir que este tipo de casos sucedan y considera que “no podemos acostumbrarnos a tolerarlos”. “Nos tienen que dejar trabajar, lejos de sospechas. Que no seamos capaces de ver que lo que le está pasando a Pablo es muy grave, es lo que más debería preocuparnos. Significa que algo no está bien y que estamos pasando por alto cosas que no deberían ser admisibles”, sentencia.

La presidenta y decana califica el asunto de “agravio al periodismo a nivel internacional” y considera que se trata de los mismo pretextos que se han utilizado siempre “contra los periodistas y la necesidad de libertad de movimiento que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo sin que por eso seamos sospechosos de ser espías o de ser traidores”. “Ya no nos sirve que presenten pruebas, ya no nos fiamos de lo que nos digan”, y se pregunta que “dónde se ha visto que tengas a una persona en la cárcel casi un año sin decir nada absolutamente. Para Goikoetxea, esto “denota la mala salud de los principios democráticos que deberían regir en todos los países europeos”.

Por eso, el pasado mes de octubre —de forma unánime— decidieron otorgarle al periodista el premio ‘José María Portell a la Libertad de Expresión’, un premio que se entrega a personas “que, a pesar de las dificultades, se empeñan en informar, en llegar a las fuentes y a la realidad de los hechos y acontecimientos”. “Fue un momento muy emocionante”, relata su mujer, la encargada de recoger el galardón, aunque lamenta que Pablo no pudiese hacerlo. “Ha sido también muy importante porque se le dio más eco a su caso”, dice Oihana.

Pablo, durante una entrevista al Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinián./ Asociación #FreePabloGonzález

Pablo, durante una entrevista al Primer Ministro de Armenia, Nikol Pashinián./ Asociación #FreePabloGonzález

Futuros pasos

El 10 de enero, el juez decidió prorrogar la prisión temporal hasta el 28 de febrero. Esta vez, el argumento que más ha pesado ha sido el de ‘riesgo de obstaculizar la investigación’. Argumento que se suma a otros tres: riesgo de fuga, en caso de ser condenado, la pena es elevada (10 años) y sospecha de haber cometido un delito. A mediados de febrero, la Fiscalía debería presentar otra solicitud de prórroga —en este caso, ante una instancia judicial superior— para que se decida sobre ello. De momento, eso sí, no hay fecha de juicio.

Pablo cuenta con tres abogados: Gonzalo Boye, uno polaco y un Gabinete de Defensa, especializado en derecho penal. Todos ellos trabajan de forma conjunta y coordinada en la próxima vista de febrero. A pesar de que tienen prohibido hablar sobre los detalles del caso, los abogados le transmiten confianza a Oihana, pero también le piden paciencia. “Me dicen que sí va a salir, pero también me piden paciencia, con lo cual, entiendo que en febrero no va a salir en libertad condicional o bajo fianza”, lamenta Oihana. Ahora queda esperar y no perder la esperanza.