El Gobierno vasco intenta reconducir 'in extremis' el conflicto en Tubacex

El Gobierno vasco intenta reconducir el conflicto en Tubacex, que ha entrado ya en una especie de cuenta atrás, después de 104 días de huelga. A sólo una semana para que concluya el plazo fijado por parte de la dirección a los sindicatos para aceptar su última propuesta, condicionada a la desconvocatoria del paro, representantes del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco han iniciado una ronda de encuentros con los sindicatos que tienen representación en el comité de empresa, -ELA, LAB,  CCOO, STAT e independientes- en un intento de buscar soluciones al conflicto.  

No se trata de una mediación como tal, ya que ésta correspondería al departamento de Trabajo, que suele intervenir en los conflictos laborales sólo a petición de las partes. Tampoco es la primera vez que desde el departamento de Desarrollo Económico se reúnen con las centrales sindicales, lo hicieron ya, por ejemplo, cuando se inició el conflicto a raíz de la presentación del ERE. Pero en esta semana los encuentros que han iniciado el viceconsejero Javier Zarraonandia, y el director de Industria, Mikel Amundarain, adquieren un significado especial porque el día 31 finaliza el plazo que la dirección ha dado a los sindicatos para aceptar su propuesta y las consecuencias de una negativa por parte de los trabajadores a desconvocar la huelga pueden ser imprevisibles, teniendo en cuenta que la empresa se ha quejado en reiteradas ocasiones de que no puede seguir manteniendo esta situación de parón de la producción en la compañía.

En un principio, el comité de empresa había anunciado que respondería a la empresa el pasado lunes día 24, pero finalmente los sindicatos han decidido darse otra semana más y agotar al completo los plazos, por lo que es probable que no haya contestación a la dirección hasta el próximo lunes día 31.

Propuesta de la empresa

En la propuesta transmitida el pasado 18 de mayo a los sindicatos, la dirección se compromete a mantener el volumen de empleo actual hasta 2024 en sus plantas alavesas, así como los salarios conforme a las tablas de 2021.  Además anuncia a los sindicatos la intención de dar 'luz verde' a una paga anual no consolidable en los ejercicios 2022-2024 equivalente al 1% de salario "cuando se alcancen los objetivos del plan de viabilidad en cada planta". Plantea además mejoras en  las indemnizaciones de los 129 trabajadores afectados por el ERE: 95 despidos, 22 bajas incentivadas y 12 prejubilaciones. Pero  no se hace ninguna referencia a la retirada de los despidos y la readmisión de los trabajadores, la exigencia que desde el principio han puesto los sindicatos sobre la mesa. "El final de la huelga llegará cuando la plantilla decida que ha conseguido su objetivo, la readmisión de todos y cada uno y una de las despedidas", decían desde el comité durante la manifestación que recorrió las calles de Llodio el pasado sábado. 

Esa readmisión de los trabajadores despedidos la empresa no se lo plantea salvo que lo tenga que hacer obligado por los jueces, cosa que podría ocurrir teniendo en cuenta que se están produciendo sentencias contradictorias sobre ERE en tiempos de pandemia, unos a favor de la empresa, como en el caso de Aernnova, y otros a favor de los trabajadores, obligando a  la readmisión, como en el caso de la filial de ITP, PCB, en el que el juzgado declaró nulos los despidos.

El caso es que para la decisión judicial sobre los despidos habrá que esperar todavía, ya que las distintas demandas presentadas se están acumulando y tendrán lugar dos juicios ya en el mes de junio.

Cansancio en la plantilla y caja de resistencia 

Hasta el momento el comité de empresa, presidido por ELA, intenta mantener una imagen de unidad de acción entre los  sindicatos que lo componen y defiende sin aparentes fisuras la reclamación de la reintegración de los trabajadores despedidos a su puesto de trabajo. Pero lo cierto es que está empezando a notarse el cansancio entre la plantilla después de más de cien  días de huelga y ante el temor de que se cumplan las advertencias de que la empresa pudiera derivar pedidos a otras empresas del grupo. De hecho, con el fin de paliar el desánimo y el agujero económico que la huelga está haciendo en los trabajadores se ha creado una "Kutxa solidaria" a modo de caja de resistencia -ya que esta caja como tal sólo la tienen los afiliados de ELA- para que se hagan aportaciones de particulares que permitan resistir a los trabajadores que están en peores condiciones económicas ante las "devastadoras consecuencias económicas" de la huelga.  

Crisis y recuperación de los pedidos

La situación de tensión en las plantas alavesas del grupo Tubacex se produce en un momento que puede ser crítico en la recuperación de los pedidos de la compañía. La empresa ha comunicado recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que espera recibir en los próximos meses un incremento importante de pedidos procedentes del sector del petróleo y el gas gracias a la progresiva vuelta a la "normalidad" tras la pandemia y la importancia del gas como energía de transición.

Según informa la compañía en el análisis de resultados del primer trimestre del año enviada a la CNMV y a los inversores, "se aprecia una reactivación de las fases finales de adjudicación de proyectos, lo que anticipa una recuperación progresiva de la actividad". Una situación que ya se está percibiendo con un "aumento de la entrada de pedidos" en algunos productos para los que el grupo cuenta ya "con una importante cartera para los próximos meses".

La empresa perdió 25 millones de euros el año pasado tras caer las ventas un 21,8%. Esta situación derivada en cierto modo se su alta dependencia del sector del petróleo, uno de los más castigados durante la pandemia ha llevado a la compañía a rediseñar la estrategia para apostar por el desarrollo de soluciones específicas para sectores de energías limpias, como transporte y almacenamiento de hidrógeno, renovables o sectores no vinculados con el sector energético como transporte o aeroespacial.