La última reunión en Moncloa entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez
El pasado 15 de enero, y tras unas negociaciones del más alto nivel Sánchez-Pradales, se confirmaba el acuerdo del Gobierno vasco para realizar 5 competencias pendientes del Estatuto de Gernika.
No son competencias pequeñas. Pero esas competencias transferidas aún tienen un proceso largo para hacerse efectivas y pasar a manos del Gobierno vasco. Entre el proceso legal y las dificultades técnicas de algunas de ellas, se estima que las competencias terminarán de transferirse en torno a 2028.
En cualquier caso y a falta de competencias importantes como aeropuertos o el régimen electoral municipal, el traspaso es importante tanto por la envergadura de las materias como por el momento. Para el Gobierno vasco, firmar esas transferencias antes de un posible adelanto electoral en España es proteger la propia transferencia de un hipotético cambio de gobierno en España y la llegada de la derecha —y la ultraderecha— al poder.
No obstante, la negociación no ha sido sencilla ni mucho menos. Ha implicado a los dos jefes del ejecutivo y se ha firmado en el último momento. Además, ha despertado la crítica —lógica— de cómo se consiguen este tipo de transferencias.
Si se ha garantizado el apoyo de los jeltzales en el Congreso de los Diputados es algo que veremos con el tiempo
No se puede ocultar que el PNV ha presionado con su sustento al gobierno de Pedro Sánchez, que necesitado de apoyos parlamentarios, ha cedido ante esas presiones. Si se ha garantizado el apoyo de los jeltzales en el Congreso de los Diputados es algo que veremos con el tiempo, pero las críticas al acuerdo no se han hecho esperar y el PP ha cargado contra el acuerdo al vincular el acuerdo a la precariedad del Gobierno de Sánchez.
Tienen razón los populares, pero esto no es un suceso inédito y lo peor es que se ha convertido en norma, entre otras cosas, por el mal hacer de los partidos políticos del Estado. Vamos a repasar la historia:
Vamos a obviar los primeros años de la Constitución y del Estatuto de Gernika, ya que la implementación de ambos textos legales superiores produjo el lógico traspaso de competencias inicial para dotar de sentido al estado de las autonomías.
El siguiente gran traspaso de competencias, tal vez no importantes en número, pero sí en contenido —traspaso de Justicia— se dio durante el gobierno de Aznar ante la necesidad de este de conseguir gobernar tras su victoria electoral en 1996. Estas transferencias terminaron —oh sorpresa— con la mayoría absoluta del PP en el 2000.
La poca sintonía de los gobiernos Zapatero-Ibarretxe, las tensiones políticas derivadas del conflicto y la clara intención de los socialistas vascos de llevar a Patxi López a Ajuria Enea hicieron que los traspasos fueran menores
Ya no hacía falta contentar a nadie para garantizar el poder, así que el primer cambio de cromos se terminó y esto nos llevó a un caminar por el desierto que se apaciguó con los gobiernos de Zapatero con pequeñas transferencias. La poca sintonía de los gobiernos Zapatero-Ibarretxe, las tensiones políticas derivadas del conflicto y la clara intención de los socialistas vascos de llevar a Patxi López a Ajuria Enea hicieron que, durante aquellos años, los traspasos fueran menores.
Y entonces llegó Rajoy y su curiosa forma de gobernar. Ninguna transferencia y como consecuencia la ruptura —que aún dura— de los jeltzales con los populares. El intercambio de cromos se paralizó, ya que el socio prioritario del PP, Ciudadanos, tenía una posición contraria a las transferencias y por aquel entonces Rajoy pensó que era más importante contentar a un partido recién creado —hoy extinto en la práctica— que a una formación de largo recorrido histórico.
La actual historia ya se ha comentado. Sánchez necesita los apoyos del PNV para sacar adelante una mínima agenda legislativa y, por tanto, es más fácil que ceda a las peticiones y demandas de los partidos que necesita para gobernar.
La reflexión es oportuna: ¿La gobernabilidad, el autogobierno y los derechos de las instituciones vascas a gestionar sus competencias son materia de intercambio? Pues eso parece, a pesar de que el reparto competencial sea materia recogida en las dos normas superiores que rigen a España y Euskadi, Constitución y Estatuto.
Cuando no se necesitan los votos vascos en Madrid se dejan de transferir, vulnerando Constitución y Estatuto
El reparto de competencias ha dejado de ser un principio fundacional de la relación entre Euskadi y España y lo ha dejado de ser no porque en momento de necesidad se realicen esas transferencias, sino porque cuando no se necesitan los votos vascos en Madrid se dejan de transferir, vulnerando Constitución y Estatuto.
La imagen de esta relación clientelar y de cambio de cromos es tremendamente negativa para la clase y el sistema político, ya que las decisiones no se toman en función de las necesidades de la gente, sino en función de las necesidades —o no— de mantener asegurar alianzas para conservar el poder.
Sorprende que el autogobierno goce de buena salud dentro de la opinión pública vasca con estos mimbres, pero se pone de relevancia la necesidad de sacar la relación entre Euskadi y España de los marcos de intercambio y anclarlos a la ley.
Tener competencias pendientes es asegurarte que los partidos que sustenten el gobierno vasco necesitan tener relaciones con Madrid para conseguir esas transferencias
La siguiente cuestión a resolver es a quién conviene que el marco siga siendo de intercambio de cromos. Tener competencias pendientes es asegurarte que los partidos que sustenten el gobierno vasco necesitan tener relaciones con Madrid para conseguir esas transferencias. Imaginemos que, ante una necesidad de apoyos para gobernar España, el PNV no está dispuesto a sostener gobiernos porque en Madrid ya no hay nada que ofrecer a las instituciones vascas. Es de primero de Maquiavelo: si tu aliado no depende de nada de ti, ya no es tu aliado.
Euskadi no merece ser la moneda de cambio eterna de la política española. Llevamos 47 años con un Estatuto sin reformar ni completar, mientras Madrid transfiere competencias solo cuando necesita votos en el Congreso.
Rajoy las congeló siete años; Sánchez las desbloquea en 2026 por aritmética parlamentaria. Esta relación clientelar daña la democracia y el prestigio de nuestras instituciones. Cerrar el cajón de los cromos y abrir el de la política seria ya no es una opción: es una urgencia histórica.
