Un tren de Talgo
Los gobiernos de Imanol Pradales y de Pedro Sánchez han pasado casi de amigos a rivales en el frente Talgo. La acusación del PNV a la Sepi por desmarcarse de la 'operación Jainaga', un movimiento que a priori interesa tanto en Vitoria como en Madrid, evidencia que se disputa una partida de cartas en la que nadie quiere arriesgar más de la cuenta.
El primero en reclamar soporte público es el propio José Antonio Jainaga, curtido en mil negociaciones de este tipo y con galones como para pretender todas las garantías antes de embarcarse en una aventura de este calado.
Cuenta en principio como socios con el Gobierno vasco y con BBK y Vital, pero la oferta lanzada en febrero se confirma a mediados de julio insuficiente dadas las grandes lagunas que presenta Talgo como proyecto empresarial.
Y, aunque a estas alturas ya los plazos dan casi igual, sí hay una nueva fecha marcada en rojo en el calendario: el 1 de agosto Talgo dará a conocer sus números de la primera mitad del ejercicio y hay motivos para la preocupación, sobre todo a nivel de liquidez.
Mikel Jauregi, Antón Arriola y José Antonio Jainaga
Julio, mes clave
Antes, el martes de esta próxima semana, Pradales y Sánchez se verán las caras en una cumbre de marcado perfil económico y en la que estará Talgo sobre la mesa.
Como es sabido, la histórica firma de ferrocarriles necesita dinero para abordar dos frentes: el pago de la multa de Renfe y las inversiones necesarias para acelerar la producción. De ahí que los entre 150 y 180 millones que pagará el consorcio vasco por el 30% de Trilantic sean solo el primer paso para relanzar la compañía.
Una fábrica de Talgo
Hace falta un préstamo que cubra las necesidades para seguir andando y ahí es donde la Sepi se postulaba como agente clave. Se venía barajando la cifra de 150 millones de euros en forma de préstamo convertible en acciones como llave para consumar la entrada de Jainaga, pero según avanzó el PNV hace unos días la sociedad industrial estatal se ha bajado de la operación.
Eso significa que hay que dar con alternativas y el Gobierno vasco, consciente de lo que hay en juego, ha reunido ya 75 millones de la mano de diversas entidades, según ha avanzado El Correo, dejando la pelota en el tejado de la Sepi.
Ahora se trata de ver si el Ejecutivo central remata la operación ofreciendo la otra parte de ese préstamo y si, con el empujón de esa reunión bilateral del martes entre Pradales y Sánchez, el consorcio vasco puede atar el control del fabricante de trenes antes del 1 de agosto.
