Iciar González, de la Inspección de Trabajo, y Elena Pérez Barredo, viceconsejera de Trabajo / Irekia

Iciar González, de la Inspección de Trabajo, y Elena Pérez Barredo, viceconsejera de Trabajo / Irekia

Empresas

Inspección de Trabajo detecta 2.600 contratos fraudulentos en empresas vascas este año

Las denuncias al buzón anónimo del Gobierno vasco conllevan casi 120 actuaciones de los inspectores

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El Gobierno vasco ha dado a conocer el balance de la Inspección de Trabajo, trasferida a Euskadi y que gestiona el departamento de Economía, Trabajo y Empleo de Mikel Torres, que se salda con la detección de casi 2.600 contratos irregulares en 2025.

Además, el buzón de fraude de la Inspección ha permitido realizar el doble del actuaciones que en 2024, un total de 117 a partir de denuncias recibidas, frente a las 58 actuaciones llevadas a cabo en 2024, según ha explicado la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo.

Como ha señalado la viceconsejera, esta es una herramienta que se activó hace siete años con el fin de canalizar denuncias anónimas de la ciudadanía, con un progresivo aumento de las denuncias en los tres últimos.

La Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades en 2.558 contratos

La Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades en 2.558 contratos

Coordinación con la inspección central

En ese sentido, la Inspección de Trabajo puesto en marcha el segundo plan de choque contra los contratos irregulares en empresas y acumula ya un total de 2.558 contratos irregulares en lo que va de año, tanto temporales como fijos discontinuos. Por este motivo, ha enviado 1.281 comunicaciones a distintas empresas de Euskadi para informarles de indicios de fraude laboral.

Se trata tanto de detectar contratos que deberían ser indefinidos por el tipo de tareas realizadas como abusos en jornadas de trabajo, más largas de lo establecido en el contrato, así como otras irregularidades.

Barredo ha destacado el papel de la Herramienta de Lucha contra el Fraude, un sistema de colaboración con el organismo de inspección del Gobierno central.

Esta herramienta permite el envío de cartas a las empresas que mantienen contratos que podrían incumplir la normativa laboral, ha explicado el Ejecutivo. En dichas comunicaciones se concede a las empresas un plazo de un mes desde su recepción para regularizar la situación, y si transcurrido ese plazo no se han realizado las correcciones necesarias, se inicia la correspondiente inspección.