Fernando Valldeperes, CEO de Ferosca Wind
Fernando Valldeperes (Ferosca): "El Ayuntamiento de Llodio nos niega un carácter público que la ley nos reconoce"
La Diputación Foral de Álava denegaba el pasado viernes la instalación del parque eólico Ferosca I, promovido por Ferosca Wind y proyectado en los términos municipales de Llodio y Ayala, motivada por una alegación del Ayuntamiento de Llodio
El Ayuntamiento de Llodio tumba el parque eólico Ferosca I a pesar de que el Gobierno vasco había dado el visto bueno
El pasado viernes la Diputación Foral de Álava tumbaba dos de los parques eólicos pendientes de instalación en el territorio: Mendi y Ferosca I. Lo hacía, en el caso de este último, a pesar de que ya había recibido el visto bueno del Ejecutivo vasco; organismo que después de que el promotor del parque, Ferosca Wind, modificase la instalación -reduciendo de seis a tres lo aerogeneradores que se habrían levantado- emitiese la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Administrativa Previa favorables.
También motivada por el rechazo del Ayuntamiento de Llodio -gobernado por EH Bildu- a la misma, negativa que se habría amparado en el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- del municipio, que clasifica la zona escogida para la instalación como 'zona de protección ambiental'.
Este lunes, Fernando Valldeperes, CEO de Ferosca Wind, filial de Delta Power, recibe a Crónica Vasca para dar su primera impresión respecto ante esta resolución y los próximos pasos que su compañía va a seguir.
La reciente Orden Foral de la Diputación Foral de Álava deniega la aprobación inicial del Plan Especial urbanístico de Ferosca I. ¿Qué valoración hace?
La Orden Foral no afecta solo a un expediente concreto. Plantea una cuestión mucho más profunda: hasta qué punto las instituciones están realmente dispuestas a hacer posible la transición energética cuando esta deja de ser un discurso general y se convierte en un proyecto concreto sobre el territorio. Ferosca I no es una idea improvisada. Es un parque eólico que ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable para tres aerogeneradores en Llodio y con Autorización Administrativa Previa. El proyecto ha sido evaluado, reducido y condicionado precisamente para adaptarse a las exigencias ambientales del procedimiento. No estamos ante una propuesta pendiente de valoración inicial, sino ante una instalación renovable administrativamente avanzada.
¿Por qué entiende que la decisión es discutible desde el punto de vista urbanístico?
La protección urbanística invocada tiene más de treinta años y fue aprobada cuando la energía eólica ni siquiera existía como realidad regulada en Euskadi. El Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica data de 2002; el propio Decreto 115/2002 que regula la tramitación de parques eólicos también. El PGOU de Llodio es anterior a todo eso. No contiene una prohibición expresa de la energía eólica: sencillamente, fue aprobado antes de que esta tecnología formara parte del marco energético vasco.
Hoy ese suelo son fundamentalmente pastizales y plantaciones madereras. No es un espacio de alto valor ecológico irreemplazable. Lo sabemos porque la evaluación ambiental del propio proyecto -realizada por el Gobierno vasco- así lo constató. Precisamente por eso la Declaración de Impacto Ambiental fue favorable, aunque condicionada a reducir el proyecto de seis a tres aerogeneradores. Cuando la evaluación ambiental dice que sí y el planeamiento urbanístico de 1995 dice que no, algo no cuadra.
Sobre el PGOU del Llodio
La pregunta incómoda es esta: ¿Qué proyecto podría cumplir esa condición en ese suelo si un parque eólico con utilidad pública legal no lo hace?
Pero el Ayuntamiento sostiene que se trata de un suelo de especial protección...
El propio planeamiento municipal admite “obras de carácter público” en ese suelo. La discusión es si un parque eólico puede tener carácter público. Y en nuestra opinión la respuesta es claramente sí: las instalaciones eléctricas de generación están declaradas de utilidad pública por la Ley del Sector Eléctrico, y las energías renovables han sido reconocidas por el Derecho europeo como proyectos de interés público superior.
Lo que el Ayuntamiento sostiene, en nuestra opinión, es que «carácter público» equivale a «propiedad pública» o a «promovido por una Administración». Pero el PGOU no dice eso. Usa una expresión más amplia. Y si el planeamiento hubiera querido decir «propiedad pública», lo habría escrito así. La pregunta incómoda es esta: ¿qué proyecto podría cumplir esa condición en ese suelo si un parque eólico con utilidad pública legal no lo hace?
¿Cree que la Diputación Foral de Álava ha asumido sin más la posición municipal?
En nuestra opinión, la resolución no ha ponderado suficientemente el expediente completo. Hay un dato que me llama la atención: la Diputación Foral de Álava ha tramitado y aprobado inicialmente otros parques eólicos en Álava en zonas con protecciones ambientales reconocidas. En esos casos, la DFA entendió que había aspectos a corregir pero que ninguno era insalvable, y acordó la aprobación inicial. En Ferosca I, en cambio, la decisión ha sido el cierre total. No sé si hay una razón objetiva que justifique esa diferencia de criterio. Lo que sí digo es que esa diferencia existe y que, a nuestro juicio, merece una explicación.
Menciona otros parques aprobados en Álava. ¿Puede concretar?
Se puede decir porque es público. La Diputación Foral de Álava aprobó inicialmente el Plan Especial del parque eólico de Azazeta mediante Orden Foral publicada en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava en julio de 2023. Ese parque afecta a zonas calificadas en los planeamientos municipales como de Especial Protección en tres municipios, y su ámbito se solapa con un espacio de la Red Natura 2000, que es la red europea de espacios naturales protegidos. La DFA señaló que había aspectos a corregir, pero que ninguno era sustancial, y acordó la aprobación inicial.
Ferosca I tiene una zona de protección paisajística municipal de 1995. En nuestra opinión, si Azazeta con esas condiciones mereció aprobación inicial, Ferosca I también merece al menos que se tramite. No digo que tengan que llegar al mismo resultado final: digo que la coherencia institucional exige que se aplique el mismo criterio de entrada. Y eso es lo que vamos a solicitar en el recurso.
Sobre el 'doble filtro'
Si el Gobierno vasco tramita, evalúa y autoriza; si la Diputación Foral informa; pero al final un planeamiento municipal de 1995 puede bloquear todo ese proceso, entonces en la práctica la transición energética depende de cada municipio. Y eso genera inseguridad jurídica real
¿Quiere decir que se está haciendo una segunda evaluación ambiental por la vía urbanística?
Ese es uno de los riesgos que veo. Ferosca I ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable del Gobierno Vasco. Si el Plan Especial se tramitara, incluiría además su propia evaluación ambiental estratégica, como corresponde al procedimiento. Esa evaluación existe, es obligatoria y es transparente. No tenemos ningún problema con ella.
El problema es otro: se está usando una categoría urbanística de 1995 para impedir que ese proceso ni siquiera comience. No se está negando el resultado de una evaluación: se está negando la posibilidad de llegar a evaluarla. Si la evaluación ambiental estratégica del Plan Especial concluyera que el proyecto es inviable, lo acataríamos. Lo que no aceptamos es que se cierre la puerta antes de entrar.
¿Hay algún elemento del expediente que le resulte especialmente llamativo?
Sí. Entre los aerogeneradores 2 y 3 del proyecto existe una torre de comunicaciones de varios metros de altura que alberga antenas privadas de telecomunicaciones. Esa torre está ahí, en la misma zona de protección paisajística, y nadie la ha cuestionado. Si mañana la retiraran, muchas personas en Llodio notarían el impacto de inmediato: perderían cobertura, servicios, comunicaciones. Entonces esa infraestructura ya no sería «algo que molesta en el paisaje», sino algo imprescindible. Con la energía pasa lo mismo pero de forma menos visible. Como la electricidad llega sola al enchufe, tendemos a creer que puede generarse en otro lugar. Pero si todos los municipios razonan igual, ¿dónde se genera la electricidad que necesitamos?
Da la sensación de que al final estamos dejando la transición energética en manos de los ayuntamientos. ¿Es así?
En la práctica, así es como se está viendo desde el sector. Y no lo digo como crítica a ningún ayuntamiento concreto: es una reflexión sobre el modelo. Si el Gobierno vasco tramita, evalúa y autoriza; si la Diputación Foral informa; pero al final un planeamiento municipal de 1995 puede bloquear todo ese proceso, entonces en la práctica la transición energética depende de cada municipio.
Y eso genera inseguridad jurídica real. Nadie va a invertir seriamente en proyectos renovables en Euskadi si el resultado no se puede prever con razonable certeza después de años de tramitación y millones de euros invertidos. Euskadi compite por inversión renovable con otros territorios. Este tipo de situaciones, en mi opinión, no ayudan.
¿Estamos ante otro caso de "renovables sí, pero no aquí"?
Esa es la contradicción de fondo. Todos defienden la transición energética en abstracto, pero muchos la rechazan cuando deja de ser un titular y se convierte en una decisión concreta sobre su territorio. Es el efecto NIMBY en su versión más pura: renovables sí, pero no aquí. Lo que hace este caso especialmente llamativo es el perfil de Llodio. Es un municipio fuertemente industrializado, con una actividad económica intensa y una huella energética per cápita muy por encima de la media. No hablo de un pueblo dormitorio. Hablo de un territorio que consume mucha energía y que tiene, precisamente por eso, una responsabilidad real en la transición energética, no solo como beneficiario, sino como generador.
La alternativa que se propone desde el Ayuntamiento -placas solares en tejados- es bienvenida, pero requiere que miles de propietarios privados se pongan de acuerdo, obtengan financiación, refuercen estructuras y tramiten licencias. No es una alternativa de corto plazo. Ferosca I, en cambio, está evaluado, autorizado y listo para tramitar. La comparación no aguanta. El mensaje que se acaba transmitiendo es este: la transición energética es urgente y necesaria, pero que la hagan otros y en otro lugar. Eso no es una política energética. Es renunciar a ella justo cuando más falta hace.
Sobre el PTS
Si la coordinación no mejora, el PTS puede quedar como un ejercicio de cartografía muy trabajado, pero de eficacia limitada
Como dice, desde el Ayuntamiento se ha hablado de impulsar placas solares en cubiertas. ¿Sería esa una alternativa suficiente?
La fotovoltaica en tejados es necesaria y positiva. Debe impulsarse. Pero no debería usarse, en nuestra opinión, como excusa para bloquear generación renovable de escala. Los números lo dicen todo: para producir la misma energía anual que Ferosca I —unos 46 GWh— harían falta entre 30 y 45 hectáreas de tejados útiles. Eso equivale a entre 7.500 y 11.000 viviendas unifamiliares, o a 2.000 ó 3.000 comunidades de vecinos, o a entre 300 y 450 naves industriales medianas. Todo ello con cobertura estructural adecuada, buena orientación, acuerdos entre propietarios y financiación disponible.
Las tres turbinas de Ferosca I ocupan permanentemente en torno a una hectárea. La comparación habla sola. Y aun así, la comparación no sería perfecta: la fotovoltaica produce principalmente en horas solares, mientras que la eólica puede producir de noche, en invierno y en los momentos de mayor recurso de viento. En un sistema energético serio, ambas tecnologías no se excluyen: se complementan.
¿Cree que con el nuevo PTS de energías renovables se va a solucionar este problema?
Ojalá, pero tengo dudas. El nuevo PTS se está presentando casi como la solución definitiva. Pero el problema no es solo dibujar zonas aptas sobre un mapa. El problema es que esas zonas luego sean realmente viables: ambientalmente, urbanísticamente, con red de evacuación y con coordinación real entre administraciones.
Ya hemos visto casos de proyectos del PTS ubicados en zonas teóricamente favorables que se han encontrado con bloqueos por otras vías. Si la coordinación no mejora, el PTS puede quedar como un ejercicio de cartografía muy trabajado, pero de eficacia limitada. Lo que necesitamos no es otro mapa. Necesitamos una administración capaz de resolver conflictos entre sus propios objetivos públicos declarados y sobre todo que se pongan de acuerdo porque la ciudadanía y las empresas quieren hechos.
¿Qué le diría a la Administración?
Que hace falta menos presentación institucional y más acción concreta. Euskadi necesita una figura transversal, con capacidad real de decisión, que coordine energía, medio ambiente, territorio, urbanismo, diputaciones y ayuntamientos. Si cada departamento mira solo su parcela, el resultado es que todo el mundo dice apoyar la transición energética, pero los proyectos reales no avanzan. No pedimos barra libre para las renovables. Pedimos reglas claras, criterios coherentes y una administración capaz de resolver conflictos entre objetivos públicos que ella misma ha declarado prioritarios. La transición energética no se hace con mapas bonitos ni con discursos: se hace desbloqueando proyectos concretos, caso por caso, con rigor y con valentía.
Y conviene decirlo con claridad: la caída de un parque eólico no debería interpretarse nunca como una victoria frente a un promotor. Es, ante todo, una oportunidad perdida para Euskadi. Quedarse fuera de la transición energética no es proteger mejor el territorio; es renunciar a cuidarlo con las herramientas que hoy exige la emergencia climática.
Sobre el parque Ferosca I
Llodio y la Diputación Foral aún están a tiempo de reconducir esto. Y si no lo hacen, será difícil sostener que los objetivos de transición energética son algo más que declaraciones de intenciones
¿Qué vais a hacer ahora?
Vamos a recurrir la Orden Foral con respeto institucional y sin ánimo de confrontación. Las decisiones urbanísticas en materia de energía renovable son genuinamente complejas: hay instrumentos que no siempre hablan entre sí, normas de distintas épocas y competencias que se cruzan. Entendemos que la DFA ha aplicado su criterio con los elementos que tenía sobre la mesa en ese momento. Lo que aportamos ahora son argumentos adicionales que, en nuestra opinión, justifican una valoración diferente. Confiamos en que la Diputación Foral sabrá valorar el expediente en su conjunto.
¿Con qué argumentos?
Principalmente, que la especial protección invocada procede de un planeamiento de 1995 que no refleja la realidad actual del terreno, y que el propio planeamiento de Laudio permite obras de carácter público en ese suelo -condición que entendemos cumple Ferosca I como instalación eléctrica renovable, de utilidad pública y vinculada a un servicio de interés económico general.
Añadiremos también que Ferosca I ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable del Gobierno Vasco, con intervención de los propios órganos sectoriales de la Diputación Foral de Álava. Esa evaluación redujo el proyecto a la mitad e impuso condiciones ambientales exigentes. El Plan Especial incluiría además su propia evaluación ambiental estratégica, como es preceptivo. No tenemos ningún problema con eso. Lo que no puede ocurrir es que una categoría urbanística de 1995 cierre la puerta antes de que ese proceso ni siquiera comience.
¿Cuál sería el mensaje final?
Que Ferosca I es un caso difícil de explicar. Tenemos Declaración de Impacto Ambiental favorable, Autorización Administrativa Previa, utilidad pública legal, proyecto reducido a la mitad y evaluado con todos los organismos competentes. Y aun así, no.
La contradicción es esta: todos los discursos dicen sí a las renovables. Pero cuando llega el momento de decidir sobre un proyecto concreto, la respuesta es no. Llodio y la Diputación Foral aún están a tiempo de reconducir esto. Y si no lo hacen, será difícil sostener que los objetivos de transición energética son algo más que declaraciones de intenciones. Esa contradicción debería preocuparnos a todos.
