La apelación del Lehendakari a la fecha de 1839 como referencia para recuperar el autogobierno ha exigido que diversos portavoces del PNV hayan comparecido a posteriori para contextualizar las palabras de Urkullu. La mayor parte de la sociedad vasca desconoce, como no podía ser menos, la fecha de la Ley de Confirmación de los Fueros que se aprobó ese año. Como es natural en una sociedad sana, la gente está a otras cosas. De hecho, hablando de fechas del XIX, resulta mucho más popular la de 1880, que es la del turrón más caro del mundo.
El Lehendakari se retrajo, realmente, a dos fechas, la de 1839 y la de 1876. Parece que ambas le despiertan nostalgia, pero, desgraciadamente, esos dos años fueron las fechas finales de dos guerras que enfrentaron, principalmente, a los vascos consigo mismos. Son fechas con ruido de cañonazos y fusilamientos, años de bombazos como los que, durante el asedio a la ciudad, lanzaba Zumalacarregui sobre Bilbao desde los aledaños de Begoña.
Pero las palabras del Lehendakari tienen sentido. Un sentido político profundo y de una gran dimensión
En aquel tiempo, no existía ni el Lehendakari ni el Gobierno vasco ni tan siquiera existía el PNV, aunque cueste creer que estas provincias nuestras pudieran organizarse sin su existencia. De hecho, la familia de Sabino Arana, por aquel tiempo, lo que gritaba era “Por Dios, por la Patria y el Rey”, que no son lemas del nacionalismo vasco sino del tradicionalismo vasco, que también lo era español, y con tanta más fuerza cuanto más espesos fueran los bosques donde se buscara.
Pero las palabras del Lehendakari tienen sentido. Un sentido político profundo y de una gran dimensión. 1839 y 1876 ya figuran en nuestra Constitución. Lo hacen en la Disposición Derogatoria Segunda, precisamente, para suprimir cualquier validez que se quisiera otorgara a las leyes que se aprobaron en esos años para adaptar los fueros al marco constitucional. Fue una derogación simbólica. Su inclusión en el texto constitucional venía a ser algo así como un desahogo, como una victoria a destiempo de la historia, como esas revisiones que se hacen del pasado para que el presente le dé a uno la razón cuando ya no sirve para nada.
Pero retomar ahora 1839 sí que tiene significado para el presente y el futuro. Iñigo Urkullu estaba apelando a una pretensión del tradicionalismo vasco como fue la de que el sistema constitucional que se inauguró en España en 1812 no fuera aplicado con los criterios de igualdad con los que se rige cualquier sistema constitucional europeo, es decir, que muy bien eso de que todos somos iguales, pero hay cosas para las que no porque para eso tenemos una historia que nos avala.
Su inclusión en el texto constitucional venía a ser algo así como un desahogo, como una victoria a destiempo de la historia, como esas revisiones que se hacen del pasado para que el presente le dé a uno la razón cuando ya no sirve para nada
En efecto, antes de los sistemas constitucionales había diferencias por procedencia familiar, por la pertenencia al clero o por origen territorial, que es a lo que alude Urkullu para reestablecer un modelo político en el que la historia pese más que el lema revolucionario de libertad, igualdad y solidaridad.
Urkullu retoma las pretensiones de los carlistas que decían que: Españoles, como los que más, pero eso no significa ser iguales al resto de los españoles. Algo que el nacionalismo vasco condujo a la conclusión de que: Si es para ser iguales a los demás españoles, dejamos de ser españoles.
La pretensión de Urkullu es contraria al espíritu de las constituciones europeas que conocemos y a los tratados europeos. Es, propiamente, un modelo de organización previo a las constituciones que, como defendían con orgullo los carlistas, eran una herramienta niveladora que todo lo arrasaba y que iba en contra de la natural organización de España.
Hoy, esos fueros se esgrimen como elemento de peso para reclamar un sistema político que incorpore el pase foral del “acátese, pero no se cumpla”
España acepta con normalidad la singularidad vasca y así lo ha aprobado por medio de la disposición adicional primera, que respeta y ampara los derechos forales, pero, como no podría ser de otro modo en un sistema constitucional, con arreglo a unos criterios de igualdad ante la ley y de equidad en la representación institucional.
Hoy, esos fueros se esgrimen como elemento de peso para reclamar un sistema político que incorpore el pase foral del “acátese, pero no se cumpla”. Sin embargo, al mismo tiempo que los fueros se reivindican como argumento jurídico, sus valedoras, las diputaciones y las Juntas Generales, se hayan sofocadas por en el entramado institucional vasco que se expande y todo lo ocupa.
Hoy, lo que mejor explica la situación de los fueros, a lo que los ha conducido el autogobierno vasco liderado por el PNV, son esos pomposos miñones y miqueletes que ataviados con los terciopelos y las plumas de los antiguos guardias acompañan a las autoridades forales en las ceremonias más solemnes, pero que, en realidad, no son sino ertzainas disfrazados de maceros.