PNV, PP y PSE se enzarzan por el centro de acogida impulsado por Sánchez en Vitoria

El centro de acogida proyectado por el Gobierno central en Vitoria ha provocado un terremoto político. La pelea es a varias bandas. Así, por un lado, el PNV y el PP están en contra del proyecto pero discrepan con un tono cuando menos llamativo, y, por otro lado, el asunto está generando grietas entre los peneuvistas y sus socios del PSE. Y esta polémica se antoja larga. 

La mecha se encendía este martes, cuando trascendía que el Ejecutivo central pretende convertir la antigua Clínica Arana de la capital de Euskadi en un Centro de Acogida de Protección Internacional para personas refugiadas. El proyecto incluye 350 plazas para refugiados, un tamaño de 14.000 metros cuadrados y un coste de 14,1 millones de euros. La licitación del contrato para ponerlo en marcha por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha levantado ampollas entre los políticos y las asociaciones de la comunidad. 

PSE versus PNV

Lo cierto es que el anuncio del Gobierno central ha provocado una fuerte polémica en varios sentidos. Quizás el más relevante se da en el seno del propio Gobierno vasco. Los peneuvistas del Ejecutivo y del partido argumentan que en Euskadi se apuesta por un modelo individualizado que permite una mejor integración de los refugiados. Además, se quejan de que no recibieron un aviso sobre la puesta en marcha de esta iniciativa.

Por ejemplo, en una entrevista a Radio Euskadi, el propio alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, afirmaba este miércoles que no está de acuerdo "ni en el fondo ni en la forma" con el proyecto "absolutamente unilateral" del Ejecutivo de Sánchez. Son, al cabo, los mismos argumentos que repiten desde el Gobierno vasco, donde el malestar es evidente por los motivos citados. 

Unas tesis que chocan frontalmente con la opinión del PSE, que respalda al Gobierno central y considera que esta es una buena idea. Posiciones casi opuestas que avivan las tensiones entre los socios. Aunque también hay otro tipo de tensiones relacionadas con este caso.

Esteban versus Oyarzabal

PNV y PP están en contra del proyecto, aunque sea por diferentes motivos. Y esa posición común no evita que ambas formaciones discrepen. Así, el portavoz peneuvista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, y el líder del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, mantenían una agria discusión en las redes sociales a cuenta del centro de acogida citado. Primero el dirigente del PP vasco afirmaba que "el PNV tiene la cara de cemento armado", explicaba que "ese macrocentro para 350 refugiados que quiere instalar el Gobierno Sánchez en Vitoria estaba previsto en sus presupuestos y el PNV votó a favor" y remachaba presentando "dos opciones: o no se enteran o nos toman por idiotas".

La crítica de Oyarzabal traía causa de que dos representantes del PNV, el diputado Iñigo Barandiaran y la senadora Nerea Ahedo, habían registran preguntas por escrito al Ejecutivo sobre este “macrocentro” que a juicio de la formación jeltzale “choca con el modelo vasco de acogida” y que, además, llega “cuando está sobre la mesa la transferencia de Inmigración”

Esteban, nada amigo de este tipo de mensajes, respondía preguntándose "¿dónde está, exactamente, esa partida en los PGE 2023?", espetando que "hay elecciones en mayo pero no todo vale, Iñaki", ironizando con "la moderación del PP" y acusando a su interlocutor de "falta de rigor y fake news". A lo que Oyarzabal contestaba que "el alcalde Urtaran (PNV) reconoce que fue informado del proyecto del Gobierno hace seis meses", argumentaba que "después de eso el PNV ha votado los Presupuestos y todas las leyes de Sánchez" y terminaba con esta frase: "Pregunta allí, que para eso sois socios".

Más allá de los rifirrafes políticos, las críticas al macrocentro llevan también desde fuera de la política. Así, lasociación vecinal vitoriana Zazpigarren Álava y el colectivo que reúne a familiares de usuarios de residencias y centros de día, Babestu Araba, reclamaba este miércoles que la antigua clínica Arana de Vitoria se destine a atender a personas en situación de dependencia en sus grados más avanzados, en lugar de acoger a refugiados como planea el Gobierno central.