Los grandes retos del Parlamento vasco tras sus vacaciones: del Cambio climático a la Ley de Educación

Las vacaciones de verano, la amenaza de unas nuevas elecciones generales, el parón político del mes de enero y las autonómicas de 2024, a todo esto deben hacer frente el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el Parlamento vasco durante los próximos meses si quieren mantener activa la vida política en Euskadi, y si pretenden sacar adelante muchas de las normas e iniciativas parlamentarias que habían planteado cumplir durante estos cuatro años de legislatura. 

El calendario ya era bastante apretado antes del anticipo electoral para los comicios del pasado 23 de julio, y ahora, con la posibilidad de que esta cita pueda repetirse en los últimos meses del año, la cosa se ha puesto todavía más complicada y la Cámara autonómica empieza a quedarse sin tiempo para sacar adelante medidas de gran relevancia para la sociedad vasca. Entre ellas, la esperada -y polémica- Ley vasca de Educación; y la tan reclamada Ley de Transición Energética Cambio Climático de Euskadi, entre otras.

Así, los próximos meses previos a las autonómicas empiezan a parecerse cada vez más a un sprint donde el Ejecutivo vasco cuenta con un tiempo muy limitado para sacar adelante más de 10 normas pendientes. Todo esto, con el resto de formaciones políticas de la oposición tratando de limitar la capacidad legislativa del Gobierno actual con el fin de debilitarlo y de mostrarlo como una propuesta a evitar en la próxima legislatura. 

Incluso, dentro de lo coalición entre el PNV el PSE-EE, ambos partidos aprovecharán los próximos ocho menos -aproximadamente lo que falta para las próximas elecciones vasca- para mostrar un perfil propio e intentar atraer a parte de los votantes tradicionales de su socio político. Algo que ya se les vio hacer para las municipales y forales del pasado 28 de mayo y en las generales del pasado 23-J. 

El lehendakari, Iñigo Urkullu con su vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka / Legebiltzarra

Educación, una gran asignatura pendiente

De entre todas las normas que tiene todavía por aprobar el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, la más destacada -por su contenido, relevancia, y por las polémicas que ha causado-, es la Ley Vasca de Educación. Una medida que ya viene arrastrada de la pasada legislatura y que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, está convencido de poder aprobar en los próximos meses sin ningún tipo de problema. 

Sin embargo, esta norma ya se ha visto retrasada en sucesivas ocasiones. Solo la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Gobierno ya vivió numerosas prórrogas; y un texto que debía ser presentado en 2022 acabó siendo aprobado en abril de 2023, a pocas semanas de las municipales del 28-M y con la disconformidad pública de la parte socialista dentro de la coalición. Contraria a buena parte del contenido, sobre todo en lo referente al modelo lingüístico y el papel del euskera, y más optimista que Bildarratz al hablar sobre los plazos para su aprobación. 

Así, esta norma que debía ser consensuada y que en un principio iba a contar con el beneplácito de cuatro de los seis grupos parlamentarios -todos excepto vascos Populares-Cs y Vox-, se enfrenta ahora a la vuelta del verano a un periodo arduo de enmiendas antes de su posible aprobación. De hecho, a excepción de EH-Bildu y el PNV, todos los demás partidos han mostrado en algún u otro momento contrarios al proyecto aprobado por el Gobierno. 

Por esta razón, en los próximos meses la futura Ley Vasca de Educación, pese a que cuenta con los votos necesarios para ser aprobada sin problemas, tendrá que hacer frente a más de una enmienda a su totalidad que retrasará mucho el proceso de su aprobación. Algo que, de alargarse mucho, podría hacer que la norma no vea la luz hasta la después de las autonómicas.

El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, y el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, al presentar el proyecto de la Ley Vasca de Educación / Irekia

Transición Energética y Memoria Democrática

Además del recorrido parlamentario que debe pasar ahora el proyecto de la Ley Vasca de Educación, que va a ocupar buena parte de la actividad política de los próximos meses, hay otras normas que el Ejecutivo de Urkullu pretende sacar adelante en los meses venideros, y que en poco más de medio año deben pasar todos los filtros y procesos necesarios para entrar en vigor antes de que concluya este mandato.

Una de estas normas es la más que comentada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Una medida cuyo anteproyecto lleva meses redactado y aprobado por el Consejo de Gobierno, y en el cual EH-Bildu ha tenido un papel más que participativo. De hecho, el Gobierno vasco pactó durante el pasado mes de junio el apoyo de la coalición soberanista a esta Ley que, a falta de sorpresas, podría ser aprobada en os próximos meses. 

A esto hay que sumar también la Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático de Euskadi, cuyo texto recibió la aprobación del Gobierno vasco en mayo de este año. Se trata de la primara norma de este tipo desarrollada en País Vasco y tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.

Una norma sobre la que las formaciones políticas en la oposición todavía no han hecho grandes declaraciones, aunque en casos como el de EH-Bildu, varios de sus representantes la han calificado de "insuficiente" y defienden que es necesario dar un paso todavía mayor para abordar la crisis medioambiental en la Comunidad Vasca. 

La portavoz de EH-Bildu y nueva líder de la oposición, Nerea Kortajarena Gorrotxategui / L. Rico - EFE

Segundas elecciones y un mes inhábil

Con todo esto, hay que tener en cuenta que en los meses que quedan antes de las autonómicas, hay menos tiempo del que parece a simple vista, y hay muchos factores externos que pueden frenar todavía más la actividad parlamentaria de Euskadi. 

Por un lado, y como lleva haciéndose desde hace años, el mes de enero es inhábil en la Cámara autonómica, por lo que toda la actividad parlamentaria cesa durante los primeros 30 días del año. Algo especialmente problemático para un Gobierno que cuenta con un calendario más que apretado y con muchas iniciativas pendientes por aprobar. 

A esto hay que añadir las elecciones autonómicas de este 2024, las cuales previsiblemente tendrán lugar a mediados del próximo año -entre mayo y julio- y donde el PNV y Urkullu se juegan no solo el Gobierno vasco, sino también su hegemonía como la fuerza política con más apoyos de Euskadi. Sobre todo, teniendo en cuenta el periodo de bonanza que actualmente vive la izquierda abertzale. 

Pero por si no fuera suficiente con unos comicios, y con los dos periodos electorales vividos en este 2023, existe todavía la opción de que las generales del pasado 23-J tengan que repetirse en algún momento de noviembre o diciembre. Un imprevisto que lastraría todavía más la actividad parlamentaria y que, de seguro, impediría que varias de las normas pendientes pudieran aprobarse.