Del pacto PNV-PSOE al calendario incumplido: las competencias que llegarán a Euskadi en 2024

El encuentro que el pasado 20 de diciembre mantuvieron la consejera de Gobernanza Pública y Auto Gobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, marcó el inicio de una cuenta atrás para la llegada a Euskadi de las tres competencias pactadas por PNV y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El traspaso de la gestión de ferrocarriles de Cercanías, la del sistema de acogida de migrantes, y la homologación y equiparación de títulos universitarios extranjeros. Tres transferencias que, según aquel acuerdo firmado en noviembre, deberán completarse en los próximos meses, con finales de marzo como fecha límite. 

Pero estás no son las únicas competencias que desde el Gobierno vasco, concretamente desde el PNV, están insistiendo por llevar a Euskadi para completar todo lo reflejado en el Estatuto de Gernika. Muchas de ellas, transferencias que hace ya cuatro años, tras las primeras elecciones generales de 2019, habían acordado los nacionalistas vascos y el PSOE mediante un calendario que ha estado muy lejos de cumplirse. En concreto, desde 2018 -año en el que Sánchez se comprometió a impulsar el autogobierno vasco- apenas llegaron al País Vasco una decena de las 37 competencias recogidas en aquel acuerdo.

Por eso, más allá de la gestión de los ferrocarriles de cercanías, la del sistema de acogida de migrantes, y la homologación de los títulos universitarios extranjeros, en su reunión con el ministro Torres, la consejera Garamendi volvió a poner sobre la mesa muchas de aquellas competencias pendientes. Siete y ocho, según había mencionado el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, aquella misma mañana, entre las que destaca principalmente la transferencia de la Seguridad Social al Gobierno vasco. 

Además de esta, sobre la que todavía el PNV no ha concretado nada, hay otro punto que a los jeltzales les ocupa especialmente su atención: la redacción de un nuevo estatuto vasco que entre a sustituir al actual Estatuto de Gernika, y en el que aparezcan reflejadas nuevas competencias para reforzar lo máximo posible el autogobierno vasco. Una medida para la que, según el pacto PNV-PSOE, habría un plazo de hasta dos años, y que ya lleva manejándose como una opción desde hace años entre los diferentes partidos políticos de Euskadi. Especialmente entre los nacionalistas vascos y EH Bildu, aunque las negociaciones sobre este punto llevan meses paralizadas. 

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, se reúne con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres / Redes

Prisiones e Ingreso Mínimo Vital

Hasta la fecha, las competencias más llamativas que se han trasladado a Euskadi son las relativas a la gestión de los centros penitenciarios el 1 de octubre de 2021, y las del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2022. Unos traspasos que aunque son representativos de la intención del Gobierno por alcanzar acuerdos y apoyar el autogobierno, apenas representan un gran cambio si se comparan con las muchas competencias que todavía no se han transferido todavía. 

Sin embargo, el traspaso de estas competencias ya ha dado mucho de qué hablar. En concreto, desde que Euskadi se hizo cargo de sus tres grandes prisiones: Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), se criticó que esta transferencia se estuviera llevando a cabo el mismo tiempo que se acercaban a decenas de presos de ETA a estas mismas cárceles. De hecho, desde 2021 el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a más de 40 presos de ETA, de los cuales, una quincena fueron revocados ya por la Audiencia Nacional. 

Por otra parte, el IMV, cuya gestión fue transferida el año pasado a Euskadi, es una prestación dedicada a solucionar o paliar situaciones de probreza, a la que se añade un servicio extra como es la Renta de Garantía de Ingresos; y que está dedicando a solucionar de una u otra forma las desigualdades económicas y laborales de Euskadi.

Con todo esto, de cara al próximo año queda todavía queda un gran número de competencias pendientes de traspasar como son aquellas relacionadas con el salvamento marítimo; el desarrollo de un fondo de protección a la cinematografía; o la gestión de los puertos de interés general en Bilbao y Pasasalla, así como la de los aeropuestos vascos.