El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el resto de su equipo de Gobierno están encarando esta última etapa de la legislatura dentro de un ambiente de consenso que parecería imposible en un contexto preelectoral como el de las últimas semanas. Así, este jueves, coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cáncer Infantil, y en el que podría ser uno de los últimos plenos en el que participe el dirigente vasco, la Cámara autonómica ha aprobado Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de Cooperación y Solidaridad y la nueva Ley Trans, con el apoyo de más del 90% de los parlamentarios.
En el caso de la Ley de Infancia, la primera en ser sometida a debate y votación, lo ha hecho reuniendo en el sí a los grupos que conforman el Ejecutivo vasco: PNV y PSE-EE, junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Dos formaciones que ya habían dado a conocer su posición e incluso, en el caso de los morados y la Ley Trans, habían participado desde el primer momento en la elaboración del texto.
Por su parte, desde el Partido Popular han optado por abstenerse en la primera votación, han apoyado la Ley de Cooperación y han votado en contra de la Ley Trans; mientras que Ciudadanos se ha abstenido en la primera y ha apoyado las otras dos. Vox, por su parte, ha sido el único grupo que rechazado las leyes de Infancia y Cooperación, y ni si quiera a formado parte de la votación del último texto.
Los menores como titulares de derechos
La norma, según se recoge en el texto aprobado, nace con un triple objetivo: garantizar a todas las personas menores que residan o se encuentren en Euskadi "el ejercicio de los derechos y libertades que les reconoce el departamento jurídico"; determinar las acciones que, "desde un deber de corresponsabilidad", deben desarrollar los poderes públicos en los diferentes ámbitos sectoriales de la acción pública; y definir los principios de activación y establecer el marco competencial correspondiente al conjunto de las actuaciones de promoción, prevención, atención y protección, así como las estructuras de coordinación, colaboración y participación, en beneficio de los niños y adolescentes del País Vasco.
Así, tras una proceso exprés facilitado por la habilitación excepcional del mes de enero, esta norma, que contempla por primera vez a los menores como titulares de derechos y no solo como sujetos de protección, ha logrado un consenso amplísimo que, como han insistido desde el Partido Nacionalista Vasco, no marca sino el inicio para seguir trabajando en el futuro.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, a su entrada al Parlamento vasco donde se aprobarán este jueves las tres últimas leyes de la legislatura / Legebiltzarra
Salud mental, violencia sexual y publicidad
La parlamentaria del PP, Laura Garrido y su homóloga del PSE-EE, Gloria Sánchez, han protagonizado el único debate en torno a esta norma por la desaparición, según ha denunciado la portavoz popular, de las fuerzas de Seguridad del Estado -en concreto la Policía Nacional y la Guardia Civil-, del artículo 17 de esta ley, relativo a las instituciones que deberán actuar y comunicar cualquier "posible situación de desprotección" de una persona menor. Un cambio que para socialistas y jeltzales, ha sido una excusa por parte de los populares para no votar en favor de una norma “tan demandada” por la sociedad vasca.
Esta ley recién aprobada pone la protección y la promoción de los derechos de los menores en el eje central de las políticas públicas elaboradas por las instituciones vascas. Así, entre los principales fines de esta norma, destaca el objetivo de asentar el derecho de los menores a ser escuchados y a participar de manera autónoma en la sociedad y en las políticas que afecten a sus derechos y deberes. Incluyendo la implantación de unidades de atención sociosanitarias residenciales dirigidas a niños y adolescentes con trastornos de salud mental; así como el desarrollo de un servicio de atención integral y especializada para aquellos que hayan sufrido cualquier tipo de agresión sexual.
Además, la norma, a propuesta de EH Bildu, establece también la prohibición de que niños y adolescentes puedan ser partícipes de anuncios sobre bebidas energéticas, productos de comida rápida u otros similares. Algo también planteado por Elkarrekin Podemos, quienes, además han incluido entre sus enmiendas aprobadas el desarrollo de una serie de campañas para educar sobre el uso responsable y seguro de internet.
Estas modificaciones parciales incluidas por los grupos del Ejecutivo se suman a las medidas que el texto original ya contemplaba relativas a la prohibición del uso de niños y adolescentes en campañas publicitarias sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas, o las actividades que inciten a la violencia, actitudes delictivas y promuevan la pornografía.
El pleno de este jueves ha contado con un amplio público compuesto por varias asociaciones y colectivos sociales / Legebiltzarra
Apoyo casi unánime a la ley de Cooperación
La segunda norma aprobada este jueves ha sido la Ley de Cooperación y Solidaridad. La cual busca reforzar el papel de las ONGD -a juicio de la consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales, Nerea Melgosa, "punta de lanza de la cooperación y la solidaridad vascas"-, y ha salido adelante con el apoyo casi unánime de todo el Parlamento vasco. De hecho, el único grupo que ha optado por votar en contra de esta iniciativa ha sido Vox.
Todos los demás, incluidos PP y Ciudadanos -que en la anterior votación se habían abstenido-, han votado en favor de una norma que, entre las medidas establecidas, obliga al Ejecutivo autonómico a destinar el 0,7% de su gasto total anual a las políticas de cooperación; y prohíbe la financiación, promoción económica y colaboración con fondos públicos a aquellas empresas, personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar.
Melgosa ha valorado esta ley como un hecho "muy significativo" que "ratifica el compromiso solidario de Euskadi y su poder transformador para garantizar la dignidad de todas las personas". La norma, compuesta por cinco capítulos, diecinueve artículos, una disposición adicional, tres transitorias, una derogatoria y tres finales, busca impulsar el desarrollo humano y la sostenibilidad; transformar las causas estructurales que generan pobreza y exclusión; así como promover sociedad "libres, democráticas, pacíficas e inclusicas", que impulsen la movilización social y promuevan un cambio en los valores de la sociedad vasca.
La recién aprobada prevé el desarrollo de normas y procedimientos específicos que permitan una gestión "más ágil y simplificada" de la cooperación internacional y ha llamado a instado a que el Gobierno autonómico siga trabajando en este ámbito para aprobar "normas especiales que regulen las ayudas y subvenciones", para así "agilizar y simplificar los trámites burocráticos".
Numerosas personas de la Asociación de Familias de Menores Transexuales (Naizen) han estado presentes en el pleno de este jueves / Legebiltzarra
Nuevos derechos para las personas Trans
La última de las tres normas en ser aprobadas este jueves ha sido ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans, más conocida como Ley Trans, y que entra a sustituir la actualmente en vigencia. Una modificación cuyo objetivo, según los grupos proponentes, es el de "garantizar el derecho de las personas trans e intersexuales a recibir de las Administraciones públicas vascas una atención integral y adecuada a sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía".
Este nuevo texto, compuesto por 42 artículos, ha sido aprobada con el consenso general de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular, cuyos cuatro parlamentarios presentes en la cámara durante el debate de esta norma han votado en contra. La representante de Vox, Amaia Martínez, que había rechazado las otras dos normas votadas previamente, ni siquiera ha estado presente y no ha votado.
La nueva ley, que busca "proteger el ejercicio de la libertad" de estas personas en los diferentes ámbitos de la vida social y especialmente en los distintos servicios públicos, pretende "contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de las personas integradas en este colectivo. Para ello, las instituciones públicas vascas deberán actuar teniendo siempre en cuenta "que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad sexual o de género, la que se corresponde con su sexo o género sentido".
Además, en el texto se establece el "derecho a ser escuchadas" de las personas transexuales menores de edad, y se incide en la obligación de las instituciones de garantizar su protección y la atención necesaria "para promover el libre desarrollo de su personalidad y su desarrollo integral".
La aprobación de la nueva Ley Trans ha coincidido con el sexto aniversario del suicidio de Ekai Lersundi, un joven transexual de Ondarroa (Bizkaia), que estaba a la espera de un tratamiento hormonal y que se quitó la vida a los 16 años.