El Superior vasco deberá decidir sobre la corrupción en Alonsotegi tras las absoluciones en el primer caso

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deberá decidir sobre los casos de corrupción en el municipio vizcaíno de Alonsotegi, tras las sorprendentes absoluciones en el primero de los tres juicios previstos. La Audiencia de Bizkaia ha dejado sin cargos a los cuatro acusados (también estaban procesados un exalcalde y el aparejador pero fallecieron antes de la celebración de la vista oral en enero pasado) pese a que confesaron que se cobró dinero público por obras no ejecutadas.

El Superior vasco actuará ante el recurso que, con toda seguridad, van a plantear tanto la Fiscalía del País Vasco como la acusación particular ejercida por EH Bildu, el partido que destapó estos casos. Unas prácticas irregulares que han afectado a los tres alcaldes que tuvo Alonsotegi durante 12 años, entre 2003 y 2015, todos ellos del PNV.

La decisión del Superior será además determinante para el segundo de los juicios, pendiente solo de fijar la fecha, dado que los hechos son prácticamente idénticos al caso que la Audiencia vizcaína ha absuelto.

El único sumario hasta ahora con una sentencia judicial se refiere a la gestión del exalcalde José Luis Erezuma (primer edil entre 2011 y 2015 y fallecido antes del juicio), cuya instrucción se inició en 2018 por el pago a constructoras de obras públicas que no se ejecutaron. En el juicio de enero, como hizo durante su declaración ante el juez en noviembre de 2018, uno de los constructores admitió que cobró una deuda de 600.000 euros por trabajos anteriores para el ayuntamiento tras una propuesta del entonces alcalde Erezuma.

De hecho, el juicio estuvo a punto de no celebrarse por un pacto extrajudicial en el que los acusados reconocían el pago de dinero público de obras que no se ejecutaron y se comprometían a abonar de casi 900.000 euros de las subvenciones públicas y los intereses. El acuerdo se frustró por un pequeño detalle: el abogado del arquitecto municipal procesado se negó a pagar el perjuicio cometido al Ayuntamiento, que eran poco más de 100.000 euros.

Pese a estas confesiones, la Audiencia vizcaína, cuya sentencia se notificará en los próximos días, ha estimado que no existe ninguno de los delitos (prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y estafa), porque no hubo perjuicio al erario público y, al señalar al fallecido alcalde (lo que le exime de responsabilidades penales) como el responsable del pago por obras no ejecutadas.  

Este fallo tendrá influencia en el segundo de los casos, solo pendiente de fijar la fecha del juicio, que también se refiere a certificaciones de obras falsas. Está imputado el exalcalde Aitor Santisteban por una cantidad económica superior: 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron. Se enfrenta a siete años de cárcel, a petición de la Fiscalía y el Abogado del Estado, que se llevó también subvenciones del Gobierno central.

Inicialmente estaban imputados también el arquitecto externo y el aparejador municipal, todos ellos por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación. Pero, a finales de 2020, la Fiscalía de Bizkaia aumentó las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplió los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

El tercer caso pendiente es el más antiguo y de mayor gravedad y, paradójicamente, el más retrasado. Implica también a Aitor Santisteban (alcalde entre 2007 y 20119 y a Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Se les culpa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal. La instrucción judicial se inició en 2014 y la celebración del juicio, tras dictarse el procesamiento de los dos cargos públicos en 2018, lleva bloqueada casi seis años. Se les acusa, junto a un abogado y el arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.