Política

Las claves de la nueva RGI en Euskadi

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la ley que regulará el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención crítica de EH Bildu y el rechazo de PP+Cs y Vox

22 diciembre, 2022 13:58

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la ley que regulará el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que mejora las cuantías de la RGI y rebaja la edad para percibirla, gracias al apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención crítica de EH Bildu y el rechazo de PP+Cs y Vox,  tal y como ya habían anunciado. Así, la normativa aprobada actualiza la ley que está en vigor en Euskadi desde hace 14 años, después de numerosos intentos fallidos en anteriores legislaturas en las que llegó a la Cámara autonómica en forma de proposición de ley suscrita y finalmente no salió adelante. Esta nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos incluye numerosas novedades como el incremento en prestaciones, mejoras para pensionistas y diefrentes procedimientos en caso de incumplimiento y protección de menores. 

Incremento de las cuantías

Para una única persona la prestación pasará de 727,41 euros a 800,13 cuando entre en vigor en abril de 2023. Este proceso se hará en dos fases, la primera será efectiva el 1 de enero de 2023 y en ella se aplicará una subida del 8,5 %. La segunda recogerá todas las medidas incluidas en la reforma y se prevé que se haga efectiva en el mes de abril, una vez que entre en vigor la norma tres meses después de haberse publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. 

La cuantía se va incrementando en función de los miembros de la unidad que la percibe y en el caso de que haya menores podría crecer hasta en un 50% con respecto a la actual en familias numerosas. En este sentido, una familia formada por un adulto y cuatro menores pasaría de percibir 1.086,15 euros a cobrar 1.680,27 euros con la entrada en vigor de la ley.

Mejoras para pensionistas

En este caso, la prestación crecerá hasta un 27% en algunas situaciones. Cuando el beneficiario sea un único pensionista la RGI llegará hasta los 1.013,5 euros en abril partiendo de los 834,59 actuales, mientras que con unidades de tres perceptores de pensiones la cuantía pasará de 1.126,7 euros a 1.440.23 euros.

Nueva forma de calcular la cuantía

La norma elimina el límite de prestaciones reconocidas por domicilio e incorpora un coeficiente corrector cuando hay más de una unidad de convivencia por casa. El cálculo en 2023 tendrá como referencia el Ingreso Mínimo Vital y en 2024 atenderá al IPC de Euskadi. En todo caso, y en función del acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos-IU se determinará en función de la tasa de riesgo de pobreza o bien en función de la media ponderada de los umbrales de pobreza una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda.

Además, en cuanto al acceso a la RGI, que en noviembre contaba con 49.300 perceptores, la edad mínima para recibirla pasa de los 23 a los 18 años. Y aunque se mantiene el requisito de los tres años de empadronamiento, se rebaja hasta el año cuando hay menores o personas con discapacidad o dependencia. La antigüedad en el padrón desaparece para las víctimas de la violencia machista y doméstica, de trata y de explotación sexual y para los refugiados. Tampoco será una exigencia para los afectados por el terrorismo ni para las colectividades vascas en el exterior.

Incumplimiento de las obligaciones

La nueva ley también contempla novedades en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los beneficiarios con el establecimiento de un sistema que generaliza la pérdida parcial de la prestación. La pérdida total se reserva para los casos más graves. La norma recoge que la prestación se reconocerá de manera indefinida, que se recibirá al mes siguiente de ser solicitada y que se revisará de forma trimestral. Una unidad de inspección verificará el cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones de los beneficiarios y se elaborará anualmente un plan de asistencia, inspección y control que definirá la estrategia de mejora. Establece asimismo un programa personalizado de inclusión y la obligación de que Lanbide ofrezca a los titulares al menos una oferta de empleo o una actividad formativa.