El Ministerio de Hacienda ha publicado un informe con el nombre de Distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021 en el que se refleja la ejecución presupuestaria de los distintos ministerios y de sus sociedades públicas en los capítulos de inversión. Se trata de un documento que informa sobre la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, cifras a las que se les da un importacia muy superficial si lo comparamos con la Ley de Presupuestos, pero que a efectos prácticos refleja la realidad del destino de los fondos públicos, no de las previsiones, por lo que es mucho más útil para saber qué es lo que realmente hace el Gobierno, frente a los Presupuestos, que sólo anuncian sus intenciones.

En este informe se ve que en el conjunto de España, las inversiones se han cumplido en un 67%, un porcentaje de ejecución bastante bajo, ya que indica que un tercio del presupuesto no se ha llegado a cumplir.

Por regiones, el informe indica que la mejor parada ha sido la región de Madrid, ya que además de contar con un elevado presupuesto inversor que alcanzaba los 1.134 millones, durante la ejecución se han llegado a disponer 2.086, lo que representa un 184%.

Ingrato Gobierno que cumple más con Madrid que con Cataluña y el País Vasco, cuando debe a la representación política de estas dos últimas comunidades su propia continuidad

Por el contrario, comunidades más afines a Pedro Sánchez, como el País Vasco o Cataluña, cuya representación en el Congreso aprobó muy mayoritariamente esos presupuestos, han tenido que conformarse con el 52% y el 36% de ejecución de las partidas presupuestarias que se acordaron para ambas regiones.

Ingrato Gobierno que cumple más con Madrid que con Cataluña y el País Vasco, cuando debe a la representación política de estas dos últimas comunidades su propia continuidad. 

Independientemente de las áreas territoriales en las que se cumpla lo presupuestado, que se ejecuten sólo dos tercios del dinero disponible da una idea de que la inversión no es la principal ocupación de quienes gobiernan, para quienes lo relevante, a tenor de los datos macroeconómicos, es el gasto corriente y no la inversión.

Así, como cifra orientativa, el déficit de España en 2021 alcanzó la cifra de 82.819 millones de euros, lo que representa 6,5 veces más que las inversiones realizadas en ese mismo periodo y que se quedaron en 12.759 millones. Esto nos refleja que el presupuesto es absolutamente de gasto y muy poco de inversión. Especialmente porque en una economía saneada se entiende que el endeudamiento debe de ceñirse a partidas de inversión, no de gasto corriente, cosa que, como se ve, se incumple sobradamente. Lo correcto es que el endeudamiento sea para comprar el coche, pero no para pagar la gasolina. Endeudarse para comprar una vivienda es una decisión razonable, pero si te endeudas para comprar la comida es que tus cuentas se encuentran muy mal.

Esta divergencia entre el presupuesto y su ejecución afecta muy negativamente a los vascos, por cuanto nuestro modelo de financiación contempla el abono al Estado del 6,24% de las partidas presupuestarias que no hayan sido transferidas, que son, mayoritariamente, las que se dedican a inversión, a esa inversión prevista pero que luego no se realiza. Así, las aportaciones vía Cupo que abonamos los vascos para la financiación del Estado son para inversiones que no llegan a materializarse, con lo que se pervierte el sentido del modelo económico con el que contribuímos.

Para aquellos que ven siempre en el sistema de Cupo un modelo financiero en el que el reiterado ganador es el País Vasco, encuentran en la inejecución presupuestaria un buen argumento en el sentido contrario

Para aquellos que ven siempre en el sistema de Cupo un modelo financiero en el que el reiterado ganador es el País Vasco, encuentran en la inejecución presupuestaria un buen argumento en el sentido contrario, ya que se abona por obras que no se llegan a realizar y no son sólo las que el Estado no realiza en el País Vasco sino las que no realiza en toda España, ya que afrontamos nuestra cuota por todas las materias no transferidas que se proyecta ejecutar en toda España.

Por ello, ahora que es necesario aprobar una nueva Ley de Cupo, por cuanto que la vigente venció en 2021, no estaría de más hacer una redacción que adecuara la aportación financiera de los vascos a las ejecuciones reales y no a las presupuestadas, ya que casi nunca se llegan a cumplir en su totalidad.

El sistema de Cupo lleva vigente durante toda la democracia sin cambios sustanciales. Su redacción obedece a un momento en el que los sistemas de cálculo eran muy ineficaces y por ello se hacía el planteamiento sobre presupuesto y, además, quinquenalmente. Hoy, con la informatización de la contabilidad del Estado, lo conveniente sería que se hiciera anualmente y sobre lo ejecutado y no sobre la previsión. Que dispongamos de una fórmula histórica de financiación no debiera de ser obstáculo para adaptarla conforme a las posibilidades de la nueva contabilidad. Entre otras cosas, evitaríamos pagar por inversiones que no se hacen.