CAF encarrila el megacontrato de Bélgica pese a las barreras de Alstom, Siemens y las ONG

El contrato ferroviario que se disputa en Bélgica entre la empresa vasca CAF y la multinacional francesa Alstom se ha convertido en uno de los grandes choques industriales y legales de los últimos años en Europa. La operadora estatal belga SNCB seleccionó a CAF como ofertante preferente para renovar su flota de 600 trenes en una operación que puede alcanzar los 3.400 millones de euros, lo que representa uno de los mayores proyectos ferroviarios de la región.

La noticia fue recibida como un triunfo estratégico para la compañía guipuzcoana, con sede en Beasain, que lleva años consolidando su presencia internacional frente a gigantes como Alstom, aunque todo ello también ha desencadenado una fuerte batalla legal, social y política en Bélgica.

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Desde el momento en que se conoció la elección de CAF, tanto Alstom como Siemens, compañía ferroviaria que también luchaba por hacerse con el contrato, reaccionaron con firmeza, especialmente la primera de ellas. La empresa francesa, que cuenta con instalaciones y empleos en Bélgica, no aceptó la decisión y llevó el caso al Consejo de Estado, alegando irregularidades en el procedimiento.

Según sus argumentos, la SNCB habría aplicado métodos de evaluación no anunciados previamente o establecido subcriterios de adjudicación de manera irregular. Estas acusaciones iban acompañadas de movilizaciones laborales: la plantilla de Alstom en Bélgica protagonizó paros espontáneos, alertando de que la entrada de CAF podría poner en riesgo el empleo local. La presión, por tanto, no se limitó al plano jurídico, sino que alcanzó también al social y sindical, con un fuerte eco mediático en el país.

Imagen de archivo.

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El proceso, además, se vio complicado por la intervención de organizaciones de la sociedad civil, que presentaron peticiones para frenar el contrato basándose en razones éticas. Varias ONG, entre ellas 11.11.11. o Al Haq Europe, denunciaron la participación de CAF en proyectos de transporte en territorios ocupados como Jerusalén, cuestionando si una empresa con esa implicación debía recibir un megacontrato público en Bélgica.

Aunque la SNCB se ha defendido afirmando que no le corresponde tomar decisiones vinculadas a la política exterior, estas críticas han añadido un componente reputacional y moral al proceso que trasciende lo estrictamente industrial.

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En este escenario de litigios cruzados y tensiones sociales, el Consejo de Estado belga desempeña un papel central. En septiembre ya había rechazado una solicitud de suspensión presentada en el marco del proceso, y el día 24 dio un paso más al tumbar el recurso de Alstom contra la adjudicación preferente a CAF.

La institución concluyó que ninguna de las alegaciones presentadas era seria y que la empresa francesa no había demostrado irregularidades reales en la evaluación. Con esta decisión, CAF obtuvo una victoria judicial clave, que acerca a la compañía a la adjudicación definitiva del contrato. La situación actual le favorece claramente y ve despejado el camino para afianzar su posición en Bélgica y consolidar uno de los contratos más importantes de su historia.

Sede de CAF, en Beasain (Gipuzkoa). CAF

Alstom continuará presionando

Sin embargo, el triunfo no elimina del todo la incertidumbre: persiste la presión política y sindical en Bélgica por el impacto que la adjudicación podría tener en el empleo local, y las críticas éticas de las ONG seguirán acompañando a la empresa, con posibles efectos sobre su imagen internacional. Al mismo tiempo, Alstom, pese al revés legal, podría seguir buscando vías de presión para no quedar desplazada de un mercado que considera estratégico.

Este enfrentamiento, en definitiva, refleja las múltiples dimensiones que tienen hoy los grandes contratos públicos en Europa. No solo son batallas técnicas o comerciales, sino también luchas legales, políticas, sociales y morales.

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Para CAF, el resultado puede suponer un espaldarazo internacional que refuerce su prestigio como alternativa sólida a los gigantes tradicionales, mientras que para Bélgica representa un dilema entre la apertura del mercado y la protección de su industria nacional.

El Consejo de Estado, al rechazar las quejas de Alstom, ha inclinado la balanza de momento hacia la opción vasca, pero el contrato seguirá siendo un terreno de fricciones y un caso paradigmático sobre cómo se cruzan intereses industriales, legales y éticos en la Europa actualmente.

Sede de Alstom. EFE