El TSJPV rectifica y refuerza el Juzgado de Durango que investiga la tragedia de Zaldibar

A la tercera, fue la vencida. Tras dos negativas a reforzar el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha acordado apoyar a la sede de la localidad vizcaina que investiga la desgracia del vertedero de Zaldibar (Bizkaia). La decisión de realizar una visita para analizar la situación de esta Sala, adelantada por este diario, ha desembocado en un cambio de opinión del TSJPV, que por dos veces negó la ayuda, y la apertura de más recursos humanos y materiales para la comarca. En la reuníon, del órgano de Gobierno celebrada el pasado 29 de enero, y tras la visita de los vocales Reyes Goenaga Olaizola, Emilio Lamo de Espinosa e Inés Soria Encarnación, se ha acordado "iniciar un plan de actuación para el Juzgado referido consistente en reforzar el mismo ofertando dicho refuerzo a los jueces/as en prácticas de la 70ºpromoción".

La decisión del TSJPV señala que "a tal fin, la titular del Juzgado, deberá realizar un plan de actuación y remitirlo a la Sala de Gobierno, en el que conste la distribución de los asuntos civiles y penales del órgano". Además, se acuerda "solicitar de la Dirección de Justicia Digital e Infraestructurasla instalación de un equipo audiovisual en la biblioteca del edificio judicial de Durango para que pueda ser utilizado ante las necesidades de Sala que se manifiestan".

Antes de esto, El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) rechazó por dos veces reforzar este juzgado, que es el que investiga la tragedia del vertedero de Zaldibar, pese a la parálisis del caso. Hace ahora un año fallecieron dos trabajadores a causa del derrumbe de la ladera que albergaba este basurero.

El 6 de febrero del pasado año, ahora hace un año, desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de 800.000 metros cúbicos de terreno en la ladera que albergaba el vertedero gestionado por la empresa Verter Recycling en el municipio vizcaíno de Zaldibar. El accidente llegó a cortar por completo la autopista A-8 que une Bilbao y San Sebastián, sobre la que cayó la tierra deslizada.

Uno de los trabajadores desaparecidos advirtió el 3 de febrero de 2020 (tres días antes del derrumbe) a sus superiores de que habían aparecido grietas en las bancadas del vertedero y que había que dejar de volcar residuos. La empresa contrató entonces a una empresa topográfica para analizar las grietas, labor que empezó a realizar justo el día anterior al corrimiento. Pero, a pesar de ello, la empresa continuó con su labor cotidiana de acoger residuos. Este accidente evidenció la falta de control en estas instalaciones, con solo ocho inspectores para vigilar en Euskadi los 11 vertederos como el derrumbado en Zaldibar y otras 300 instalaciones contaminantes.

Los servicios de rescate solo han podido encontrar en todo este año el cuerpo de uno de los dos desaparecidos: Alberto Sololuze, de 62 años, cuyos restos mortales fueron hallados en agosto a 23 metros de profundidad. A Joaquín Beltrán, de 51 años, se le sigue buscando. 

Los juzgados de Durango abrieron pocos días después de la tragedia una investigación por dos delitos diferentes: contra la seguridad de los trabajadores y homicidio imprudente y contra el medio ambiente. Aunque inicialmente el caso se distribuyó en los juzgados de instrucción 1 y 2 de Durango, finalmente se unificó en el primero de ellos.